“El embarazo forzado es una forma de tortura, las 170 mujeres afectadas por Anticonceptivos Fallidos merecen una pronta compensación por el daño causado”, comentó la diputada Camila Rojas.
Diputadas y diputados de oposición presentaron este miércoles el proyecto de ley de Anticonceptivos Fallidos, que busca facilitar el procedimiento para la reparación a mujeres que hayan resultado embarazadas mientras usaban anticonceptivos defectuosos entregados en consultorios, defectos que fueron alertados por el Instituto de Salud Pública en 2020.
“El embarazo forzado es una forma de tortura y acá son al menos 170 mujeres las que no solo deben enfrentar un embarazo no planificado, también largos juicios debido a la legislación actual. Lo que queremos hacer es corregir esa situación, que se pueda llevar a cabo un juicio sumario, que es más simple, y establecer la presunción de causalidad, porque hoy son las mujeres afectadas las que tienen que demostrar que el embarazo es producto de los anticonceptivos fallidos, lo que es absurdo”, explicó la diputada Camila Rojas (Comunes), autora de la moción.
“Por ello proponemos que en estos casos sean los laboratorios los que tengan que demostrar que no hay causalidad entre el anticonceptivo fallido y el embarazo de las mujeres afectadas”, agregó.
El proyecto también eleva de 1.000 a 2.000 UTM el monto máximo de multas que puede aplicar el ISP a laboratorios y establece el efecto retroactivo de la ley para aplicarla a los casos que se han detectado hasta ahora.
Javiera Canales, directora Ejecutiva de Miles -corporación que ha apoyado a las perjudicadas por los medicamentos defectuosos y que participó en la elaboración del proyecto- aseguró que “ninguna de las afectadas ha sido oportunamente contactada por el servicio de salud pública para brindarle algún tipo de reparación, son mujeres que han sido abandonadas completamente por el Estado y por sus centros de referencia de salud y este proyecto de ley podría significar algún tipo de ayuda en el corto plazo”.
En ese sentido, la diputada Camila Vallejo, coautora de la iniciativa, comentó que si bien se trata de casos aislados, estos son “sumamente graves, porque determinan todo un futuro, toda la vida de esas mujeres, porque traer un bebé al mundo no es una cuestión pasajera, es algo para la toda la vida y eso se produce por fallas de laboratorio que le fallaron a las mujeres, que le fallaron al sistema”.
“Ya el hecho de someter a una mujer a llevar a cabo un embarazo no deseado es suficientemente gravoso, como para obligarla además a llevar adelante un juicio que puede demorar hasta 10 años para una reparación ante esta negligencia gravísima”, complementó la diputada Maite Orsini (RD), firmante de la iniciativa.
El diputado Víctor Torres (DC), miembro de la comisión de Salud y otro de los patrocinantes del proyecto, agregó que “el Estado chileno tiene la obligación de certificar el correcto funcionamiento de los medicamentos, y en este caso de las pastillas anticonceptivas, a través del ISP. Por esa razón es de toda lógica que si ha fallado en la fiscalización, también tenga que tener parte en la indemnización de esas mujeres afectadas”.
El proyecto de las diputadas Rojas y Vallejo fue patrocinado además por las y los diputados: Maite Orsini (RD), Karol Cariola (PC), Miguel Crispi (RD), Claudia Mix (Comunes), Víctor Torres (DC), Andrea Parra (PPD), Marcela Sandoval (RD) Y Gael Yeomans (CS).
