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Hoy se aprobó en sala el informe de la Comisión Investigadora del CAE, presidida por la diputada frenteamplista, Camila Rojas. En la instancia, la oposición votó con unidad la aprobación (69 votos), el oficialismo se abstuvo (58 votos) y 3 rechazaron.
Rojas apuntó a la salida de la votación que “esta comisión investigadora nace de un anhelo social que desde año 2011 viene alertando sobre las injusticias de los créditos educativos”.
Agregó que algunos de los datos que pudieron levantarse durante el proceso, señalan que “a partir del año 2010 y de manera consistente hasta la actualidad, el CAE ha representado siempre entre un 30% y un 40% del presupuesto total destinado a educación terciaria en Chile”. Al año 2017 “el Estado había transferido, por concepto de recarga, más de 571 mil millones de pesos”, por lo que la aspiración declarada en el diseño de dicha política, de que “el sector financiero deberá aportar los recursos; el Estado deberá aportar garantías”, no se ha cumplido.
Por dichos motivos, apuntó que “después de 13 años de implementación no cabe sino afirmar su insuficiencia y denunciar aquellos componentes injustos en la misma”.
Por estos motivos, criticó las “obtusas declaraciones” de quienes “volverían a hacer exactamente lo mismo de poder revisar su posición”.
Sin embargo, reconoció el trabajo de la oposición, “a la voluntad de quienes, siendo parlamentarios el año 2005 votaron a favor del proyecto que creó el CAE, hoy están disponibles para ser una evaluación seria y objetiva. Creemos que este es un ejemplo de cómo la oposición puede actuar de forma unida hacia el futuro, sin duda nosotros estaremos dispuestas para ello”. Subrayó que la votación marcaba una posición o bien “en favor del mercado o de la democracia”.
Por otra parte, interpeló al Ejecutivo a que “se abra a dialogar respecto de aquel proyecto que reemplaza al CAE y demás créditos”. Destacó que hay consenso en la oposición para “poner fin al CAE, desbancarizar la educación y reparar a las víctimas de este sistema de financiamiento”, y que está “disponibles para una reforma en aquella dirección, siempre que, por supuesto, sea con diálogo y no imposición”.
