En el país ya existe una sentencia confirmada por la Corte Suprema para el caso Luchsinger Mackay, sin embargo la historia continua
Diferentes relatorías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enviaron al Estado chileno una comunicación oficial. En ella realizan un duro llamado de atención a las presiones políticas que se produjeron al rededor del caso que terminó condenando a José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel a cadena perpetua y a José Peralino Huinca a cinco años de prisión.
El documento tiene fecha del 13 de agosto, pero recién puede hacerse pública sesenta días después, esto según protocolos de la ONU.Por esta razón, el documento no puedo ser considerado por los jueces de la Corte Suprema.
“Las informaciones recibidas por esta relatoría apuntan a supuestas presiones ejercidas contra la jueza Saldivia a lo largo de este juicio, con el fin que se produjera una sentencia condenatoria a los imputados y de este modo coincidir con la opinión política expresada sobre el caso por el actual gobierno (…)estas presiones vendrían del juez Germán Varas, para adaptar, según esas alegaciones, el fallo a la voluntad expresada públicamente por el Presidente de la República, S.E. Sebastián Piñera, de que los acusados de este caso debían ser condenados, y de este modo poder ser nombrado magistrado en la ciudad de Temuco”, afirma la notificación.
El documento continua explicando: “Quisiéramos expresar nuestra preocupación por las supuestas amenazas y presiones a la jueza Saldivia que, de quedar probadas, constituirían una afectación grave a la independencia del órgano jurisdiccional, pilar fundamental del derecho al debido proceso y garantías judiciales. Los presuntos hechos que se denuncian afectarían de forma directa al derecho de los acusados a ser oídos públicamente en condiciones de plena igualdad y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, encargado de examinar la acusación contra ellos en materia penal”.
Si se acreditaran las presiones, dice la comunicación que “podríamos encontrarnos ante un intento de incidir directamente sobre la afectación de uno de los miembros del Tribunal que debía dictar sentencia sobre el caso Luchsinger Mackay”.
Casi al final del comunicado, los relatores realizan un llamado de atención “a los miembros del Poder Ejecutivo sobre causas que se siguen en los órganos judiciales, que podrían ser consideradas como injerencia en asuntos judiciales”, ya que esto pone “en tela de juicio el principio de separación de poderes y la necesaria independencia judicial”.
