El presidente de la República Argentina se expresó ante la prensa y criticó fuertemente a Sebastián Piñera, debido a la crisis social. En medio de la tensión con Brasil, los problemas con Estados Unidos y una relación prácticamente destruída con Bolivia, Alberto Fernández sumó un nuevo frente de conflicto externo con sus declaraciones sobre el país. Esto no quedó ahí y le costó una fuerte queja formal del gobierno.
La cancillería chilena no hizo la vista hacia un costado y emitió un comunicado en el que le exige al presidente argentino que evite opinar sobre sus asuntos internos, prácticamente asegurando que no ingrese en temas que no son de su país. Todo esto ocurrió después de que el máximo exponente de Frente de Todos dijera que la comunidad internacional no es tan crítica con las detenciones por la crisis en Chile como lo es con lo que sucede en Venezuela.
Siendo así, Chile informó que el canciller Teodoro Ribera se comunicó telefónicamente con Felipe Solá para expresarle su «sorpresa» y «extrañeza» por los comentarios de Alberto, los que causaron enojo en todo el plantel. Además, también le comunicó lo siguiente: «La conveniencia de no emitir opiniones sobre situaciones de política interna de los respectivos países».
El suceso de los dichos del presidente argentino sucedió domingo pasado, durante una entrevista en América TV, donde comparó las situaciones de Chile y Venezuela y dijo que la comunidad internacional «habla menos» de las violaciones de los derechos humanos. El mundo entero está al tanto de lo que ha ocurrido en estos dos meses en todo el país.
«Me acordaba días atrás, cuando recibí a las organizaciones de derechos humanos venezolanas, en 2013, cuando Maduro, después de una manifestación puso presas a ochocientas personas. Piñera metió presas a dos mil quinientas personas y no pasa nada, nadie dice nada», fue lo que declaró Fernández. «Seamos justos, digamos todo», sumó también el argentino, quien dijo tener «el mejor trato» con Sebastián Piñera.
El canciller Ribera no se quedó callado y también le comunicó a Solá que en Chile «existe un pleno Estado de derecho y que no es el presidente de la República, sino las policías, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, las instituciones que cuentan con atribuciones para detener, investigar, juzgar y condenar a los responsables de delitos».
