- La iniciativa busca asegurar los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras como requisito para que el Estado entregue recursos a las grandes empresas que se acojan a la ley. Además, incluye una serie de garantías laborales, financieras, sustentables y de género que permiten proteger a la fuerza trabajadora.
Valparaíso, 19 de mayo de 2020.- Esta mañana la bancada parlamentaria de Convergencia Social presentó el “Proyecto de Ley que crea un nuevo cuerpo normativo que regula el financiamiento público a empresas en el contexto de pandemia por covid-19” y que busca proteger la fuente laboral de los trabajadores y trabajadoras a cambio de que el Estado participe y adquiera parte de la propiedad de las empresas que decidan acogerse.
Según la iniciativa, el Estado podrá financiar a grandes empresas que lo soliciten en el contexto de crisis económica, social o de desastres naturales, siempre que cumplan con las condiciones estipuladas en la ley, con énfasis en “empresas estratégicas destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la población, la conectividad y comunicaciones del país, que exploten recursos naturales y sean parte del núcleo económico nacional o que presenten externalidades positivas para la innovación y cambio tecnológico”.
Entre las condiciones se establece la prohibición de despidos de trabajadoras y trabajadores, la adquisición de propiedad de la empresa por parte del Estado de manera proporcional al financiamiento económico realizado; la participación de este último y de los trabajadores/as en el gobierno corporativo; la paridad en este órgano y la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que realizan un mismo trabajo. Estas políticas deberán estar acompañadas de campañas de sensibilización sobre la corresponsabilidad de roles entre géneros al interior de las familias, sobretodo para quienes estén bajo la modalidad de teletrabajo.
Las empresas financiadas deberán cumplir en un plazo de seis meses con medidas medioambientales que contribuyan a cumplir los compromisos del Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030, además de la revisión de la calificación medioambiental de la empresa y la evaluación ambiental de proyectos, que incluirá participación ciudadana.
La diputada y presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, manifestó que “es urgente que en tiempos de crisis se proteja a las y los trabajadores ante la incertidumbre de no saber si van a tener para comer. Hoy, ellos no pueden ni deben pagar esta crisis. Por eso, el Estado debe tener participación directa en las grandes empresas que se declaren en crisis, para otorgarles garantías sociales a las y los trabajadores, asegurando que no se les despida, congele o disminuya sus remuneraciones. Además, las empresas que se acojan tienen que implementar políticas de género encaminadas a eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, pero también a generar cambios culturales y estructurales, especialmente en la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las labores de cuidado, más aún en tiempos de teletrabajo por la pandemia”.
A su vez, el diputado Diego Ibáñez señaló que “incorporar la participación directa del Estado le permite orientar la economía al bien común y garantizar condiciones favorables para sus trabajadores. La pandemia abre una oportunidad de reactivar la economía con un sello ecológico frente a una crisis climática que azota a Chile y el mundo. Si el Estado hoy ayuda a las empresas, estas deben ser armónicas con el medio ambiente: sin saquear el agua, sin dejar con metales pesados la sangre de la niñez, sin postergar a las regiones mientras se pagan contribuciones en Santiago oriente. El Estado, mediante su participación, debe velar por el buen vivir de las regiones y de comunidades que han sido postergadas históricamente".
Por su parte, el diputado Gonzalo Winter puntualizó: "Si el Estado va a interceder para rescatar empresas estratégicas debe ser en favor de sus trabajadores. Para ello es fundamental avanzar en mecanismos de democratización de la toma de decisiones y que los trabajadores compongan un tercio del gobierno corporativo, con elecciones abiertas y voto uninominal, para que su voz se incluya en las áreas deliberantes y contribuir a corregir los desequilibrios históricos en las relaciones de poder en las empresas".
Finalmente, el diputado Gabriel Boric se refirió al reparto de utilidades: “En nuestra opinión, tal como hemos mencionado antes, no puede existir reparto de utilidades si es que no se están pagando los sueldos íntegros de las y los trabajadores o se está acogiendo a beneficios del Estado. Pero es más: si es que hay utilidades, y las utilidades son los ingresos posterior a los costos y dentro de los costos están los sueldos de los trabajadores, si es que hay utilidades no puede ser que a los trabajadores no se les pague el sueldo íntegro, eso es lo que vamos a defender en todas las instancias porque esta crisis no la pueden pagar las y los trabajadores”.
