Por Antonio Santana Ramirez. Periodista UACh. Diplom. Comunicación Estratégica
Una tarea que involucra compromiso ciudadano, responsabilidad política y desarticulación empresarial.
Solo para contexto, en Chile el sistema está compuesto por 3 pilares: el Pilar Contributivo que es el famoso 10% del salario que cada trabajador obligatoriamente cotiza al mes; en segundo lugar, el Pilar Voluntario, los cuales son aportes voluntarios que cada persona puede hacer con el fin de aumentar el monto de la pensiones o anticipar la jubilación. Y el Pilar Solidario, que es un aporte del estado por medio de la Pensión Básica Solidaria que producto de la Reforma previsional del año 2008 por la ex presidenta Michelle Bachelet le entrega garantías a una porción vulnerable de la población chilena.
Ahora con el panorama más claro, la pregunta no es si el sistema como tal es justo para la gente, porque claramente no funciona como una libreta de ahorros, sino como un pozo de dinero que según la economía nacional y mundial puede verse afectado en el camino. ¿El Estado podría tomar esa responsabilidad de administrar estos fondos sin perjudicar el crecimiento de esos montos?
La pregunta del millón, que nos invita además a reflexionar que el diseño no es acorde a ninguna microeconomía como la que posee una familia promedio en nuestro país.
La propuesta apunta a que el estado, así como posee el Servicio de Impuestos Internos, la Contraloría General de la República, por mencionar los más conocidos y menos corruptos, tenga la facultad de dotar y administrar un servicio que sea indefinido en el tiempo para ser ente recaudador y administrador de las cotizaciones que cada chileno impone mes a mes.
La lógica es la siguiente; si un trabajador formal gana mensualmente 500 mil pesos se le obliga a cotizar el 10% mes a mes, donde de cada 2 años le llegue un balance de recaudación. La idea es poder incluir de buena forma a trabajadores independientes que si boletean, también aporten a su jubilación al menos el 10%. Ahora, ¿Qué hacer y cómo administrar esos recursos?
Si el estado administra, se elimina automáticamente la AFP como ente recaudador y toda la incertidumbre de movimientos al momento de elegir estar en fondos A hasta el E con más o menos rango de pérdida.
El rango de pérdida puede ser estable, ya que si administra el estado, necesita funcionarios que operen sobre la atención de público y de la administración de los fondos como tal (un diseño similar al Instituto de Previsión Social), por lo tanto el trabajador puede estar dispuesto a otorgar un impuesto pequeño de esos 50 mil pesos que le descuentan mensualmente. Si por ejemplo, de esos 50 mil pesos, el trabajador le otorga al estado la suma de 2 mil pesos de cargo por servicio o impuesto de administración, alcanza para financiar la operatividad del servicio en cuestión.
Además tendríamos que tener voluntad política. Una tarea difícil, porque según el diseño que les expongo, se debería reformar el IPS, acopiando las cotizaciones de todos los chilenos a un organismo, pero que acorde a nuestros tiempos, no debería contar con más de un funcionario público por cada 15 mil habitantes, estimulando además en la ciudadanía la alfabetización digital y el modelo de telegobierno, sin tanto papeleo, trámite ni grasa estatal, abriendo un total de 1200 puestos laborales, ojalá no para operadores políticos, sino personas con carrera funcionaria.
Lo que actualmente está en discusión es también es que el chileno pueda hacer el retiro parcial de dichos fondos. En este sentido, creo que las coyunturas y contingencias que hoy vive Chile y el mundo dan para que el dinero que hemos entregado a nuestro júbilo, debería también ser retirado en periodo de adultez pero de manera muy restringida o con causales de potente argumento. Pasado en limpio, si un chileno se les diagnostica cáncer y no tiene cómo costear su tratamiento o no tiene trabajo por ya varios meses, tenga acceso a un porcentaje de dichos fondos, teniendo en consideración que eso a largo plazo será menos dinero para su bolsillo.
Lo justo es justo, si el estado y la clase política asumieran de una vez por todas que las brechas de desigualdad social son evidentes y crudas, y que recién hoy bajo una pandemia nos damos cuenta que la maquillada e inexistente «clase media» queda absolutamente a la deriva, sin garantías ni estatales ni privadas, algo hay que hacer para generar mayor desarrollo y calidad de vida a gran escala.
La asociación de AFP de Chile señala que más del 93% de los trabajadores dependientes, con empleador, cotiza en los sistemas de pensiones, y sólo el 7,7% de los trabajadores independientes lo hace en forma voluntaria. En lo personal es una cifra preocupante, el ideal es que el 100% de los chilenos pueda cotizar, pero sabiendo el sistema de AFP que existe, los entiendo.
Un nuevo sistema de pensiones digno y a gran escala humana es posible, teniendo en cuenta que la fuerza laboral sobrepasa las 8,5 millones de personas. Si cada uno aportara su 10% alcanzan recursos de sobra para su administración y para su posterior cobro justo al llegar la vejez. La plata de los chilenos que se esfuerzan día a día por tener un mejor pasar y por llevar una aceptable calidad de vida es posible canalizarla como un bien estatal con garantía y no un capital bursátil que sube y baja a criterio de unos pocos.
