Desde Revolución Democrática presentaron un recurso de protección para impedir su utilización, debido a las consecuencias físicas y psicológicas que podría provocar su impacto.
Carabineros confirmó este 14 de julio la utilización de nuevas armas sonoras de alto alcance y alta frecuencia llamadas LRAD. Esto porque desde el gobierno se están preparando a una masiva ola de protestas en todo Chile penas termine la Cuarentena.
Sin embargo, la utilización de estas armas ha sido bastante cuestionada en otros países, y el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, impulsó y presentó un recurso de protección para impedir su uso en le país.
“Pareciera que Carabineros se prepara para una guerra en contra de nuestro país. La compra y el uso de las armas sonoras de alta frecuencia y alto alcance es una amenaza concreta a la salud y la integridad física de la población. Estos son equipos sonoros que emiten frecuencias por sobre los 120 decibeles, superando la norma permitida en Chile, castigando a la población sin distinguir», expuso el parlamentario que forma parte de la comisión de Defensa de la Cámara.
«Queremos evitar que nuestro país se continúe polarizando y que Carabineros continúe atacando a la población de manera generalizada. Creemos que esto debe detenerse en Tribunales, razón por la cual hemos puesto el recurso que vamos alegar y esperamos ganar con una solicitud de no innovar para que Carabineros no pueda ser uso de estar armas sonoras mientras la justicia no resuelva (…) deben responder por lo que han hecho y debe evitar continuar violar los Derechos Humanos de nuestro país», cerró.
La acción judicial está dirigida al Ministro del Interior Victor Pérez y al Director General de Carabineros Mario Rozas: “Altavoces de alerta de alta frecuencia” como un nuevo dispositivo, arma y/o munición menos letal (…) aquellos que deben ser considerados como ilegales y/o arbitrarios, pues amenazan la integridad física y psíquica de las personas (…) la adquisición y utilización de un armamento sonoro que sin lugar a dudas conlleva un inminente riesgo a la vulneración de la garantía constitucional”, relata el escrito.
