Importantes antecedentes fueron obtenidos por el diputado Andrés Celis Montt, los que serán entregados como punto de partida para el análisis que llevará a cabo la recientemente aprobada Comisión Investigadora Especial por el caso de Ámbar Cornejo, quien falleció en trágicas condiciones, presuntamente a manos de Hugo Bustamante, quien gozaba de libertad condicional.
Tras una respuesta a un oficio enviado a la Defensoría de la Niñez por el parlamentario, se confirma que la Subsecretaría de la Niñez es la entidad responsable de generar estándares de actuación de los programas de intervención, como del que fue objeto Ámbar; mediante reglamentos que debían ser dictados por el Ministerio de Desarrollo Social.
“Al recibir esta información, oficié de inmediato a la ministra Karla Rubilar, para saber qué acciones han desarrollado desde la Subsecretaría aludida para propender a que los programas de protección de niños, niñas y adolescentes actúen en forma eficiente y oportuna y bajo estrictos estándares, los cuales deben ser instruidos por dicho organismo. Desconozco los aportes de la Subsecretaría en esta obligación legal y, ya habiendo transcurrido 2 años desde su entrada en vigencia, me imagino que ha colaborado en dicha función, pero necesitamos saber cómo y qué ha hecho en específico, para mejorar estos programas”.
Paralelamente, el diputado recibió un documento de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, donde se confirma que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos efectivamente ingresó a tramitación el Reglamento que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad con fecha 24 de mayo del 2019, siendo posteriormente retirado por el mismo ministerio el 22 de octubre del mismo año, sin que hasta la fecha haya reingresado a trámite.
“He recibido oficios que confirman dos hechos bastante importantes para ser analizados en la Comisión Investigadora; existen reglamentos que debían dictarse y que, según la información que manejo, no han sido elaborados y estándares que deben ser aportados a programas que buscan mejorar la vida de niños, niñas y adolescentes vulnerados, por parte de organismos especializados en estas materias. Ambos antecedentes serán puestos en conocimiento de la Comisión Investigadora que analizará el tema, ya que es esencial conocer los aportes y, por cierto, las omisiones, en que eventualmente han incurrido estos organismos”, finalizó Celis Montt.
