Este 8 de noviembre vence la vigencia de la ley que prohíbe el corte y suspende el cobro de los servicios básicos y desde el Gobierno no han dicho nada.
La senadora Yasna Provoste (DC) emplazó al gobierno a patrocinar el proyecto de ley que presentó junto a sus pares, Carlos Bianchi (IND), Álvaro Elizalde (PS) Ximena Rincón (DC) y Francisco Huenchumilla (DC), para prorrogar el plazo de vigencia de la ley que prohíbe el corte y suspende el cobro de los servicios básicos -luz, agua y gas por red-, durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia COVID-19, la cual vence el próximo 8 de noviembre.
“El 8 de agosto, luego de más de dos meses de haber sido aprobada y después del veto del presidente Piñera que eliminó parte importante de su contenido, fue promulgada la ley de servicios básicos, que prohíbe el corte por no pago de servicios básicos como agua, luz y gas, y permite además la reprogramación de las deudas impagas en hasta 12 meses, sin multas ni intereses”, comenzó explicando Provoste.
Esta ley, continuó, “concluye su plazo de aplicación en los próximos días, el 8 de noviembre próximo. Si este plazo no se extiende, las empresas podrán, a partir de ese momento, comenzar con los cortes de suministros de estos servicios y comenzar además las cobranzas de las deudas impagas”, advirtió la legisladora.
Problemática
Además, la congresista argumentó que la actual ley de servicios básicos estableció que la reprogramación de las deudas debe ser a solicitud expresa del usuario, pero que, sin embargo, solo una mínima parte de los deudores han sabido y han realizado esta solicitud.
“Al 31 de agosto existen más de 750 mil deudores morosos de electricidad y menos de 7 mil de ellos habían solicitado reprogramar las deudas que ya en promedio acumulan cerca de 300 mil pesos. En el caso del gas ocurre lo mismo, existen más de 70 mil morosos y menos de 900 habían solicitado reprogramar sus deudas, que superan en promedio los 200 mil pesos en este periodo”, explicó, haciendo referencia a las cifras entregadas por la Súper Intendencia de Electricidad y Combustibles.
Asimismo y proyectando los datos al 8 de noviembre -fundamenta la senadora Provoste-, “nos encontraremos con una situación que es muy preocupante, porque más de un millón de chilenos y chilenas estarán morosos en el pago de los servicios básicos y no podrán reprogramar sus deudas porque no lo han solicitado expresamente, y las empresas no están facultadas para reprogramar las deudas de manera unilateral, aun cuando ésta sea sin multas ni intereses”.
“Estos montos, sumados al pago de arriendos, dividendos, y otros pagos que se deban realizar en los hogares, frente a la disminución de los ingresos de muchas familias y a los niveles de cesantía que afectan al país, será imposible de asumir por parte importante de nuestras comunidades”, expresó.
Proyecto de ley
Frente a estos antecedentes, los senadores Yasna Provoste, Carlos Bianchi, Álvaro Elizalde, Ximena Rincón y Francisco Huenchumilla, presentaron una moción parlamentaria que busca ampliar la aplicación de la ley hasta abril del año 2021; ampliar los meses de prorrateo de 12 a 36 meses; hacer automática la reprogramación por el solo hecho de no cancelar en la fecha que corresponde la cuota del mes del servicio de que se trate, salvo la negativa expresa del usuario. Finalmente, la iniciativa establece también mecanismos adecuados de información de parte de las empresas a sus clientes.
“Nos parece fundamental que el Gobierno respalde esta iniciativa en tiempo para dar tranquilidad a las familias de nuestro país y poder entregar también una meridiana tranquilidad en momentos tan difíciles para todos y todas”, concluyó la legisladora demócrata cristiana.