El bloque juvenil del Partido Progresista mostró su respaldo al proyecto de ley de indulto general para privados de libertad en el contexto de las movilizaciones presentado ayer en el Senado y llamó a la oposición a “no permitir que se imponga una cultura institucional que impida y criminalice la protesta social”.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, dirigentes de las Juventudes Progresistas (JPRO) se refirieron a la labor desarrollada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a un año del inicio de las protestas sociales.
El presidente de la juventud del PRO, Rodrigo Pinto, criticó al Instituto al señalar que “existe una deuda gigante del INDH con el país. El informe anual de 2020 olvidó las masivas violaciones a los derechos humanos ocurridas desde octubre de 2019 y la responsabilidad del Estado en ello. Hoy menos del 1% de los agentes del Estado que cometieron esas violaciones han enfrentado cargos ante la justicia, ahí ha faltado un Instituto más presente”.
El dirigente juvenil agregó que “sabemos que los recursos del INDH pueden estar muy por debajo de lo óptimo, pero nada justifica el débil compromiso con la verdad y la justicia. Sergio Micco y el INDH pueden más, las familias de quienes se encuentran privados de libertad de manera injusta y arbitraria lo piden, las familias de quienes sufrieron algún tipo de violación a sus derechos o de aquellos que hoy no nos acompañan esperan más”.
Asimismo, la vicepresidenta de la colectividad, Catalina Pozo, emplazó al INDH y a la oposición a definir su posición a favor del proyecto de indulto general que fue presentado en el Senado este miércoles, asegurando que “hoy el Estado tiene a cientos de jóvenes que cumplieron ya un año en prisión preventiva sin pruebas contundentes o por delitos menores. Piñera le declaró la guerra a la juventud que moviliza al país y la única salida política viable es el indulto. Esperamos que los demócratas y defensores de los DD.HH estén con el proyecto”.
“No podemos permitir que se imponga una cultura institucional que impida y criminalice la protesta social, menos con una institución como Carabineros, cuestionada a nivel internacional por su modo de actuar. Hoy hay presos políticos porque el contexto en el que fueron detenidos fue un momento de ruptura social con el sistema político. Un nuevo Chile, una nueva Constitución, no puede ser concebida sin la liberación de las y los jóvenes presos de la revuelta social”, concluyó.
