Orrego se viralizó en estas horas por sus palabras y es criticado.
Claudio Orrego Larraín está en boca de todos en estas horas, por algo que sucedió el 3 de febrero de 2017, hace cuatro años. Allí, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) arribaron hasta la casa en Santiago de Lorenzo Spairani, reconocido periodista italiano. Este fue detenido, atravesó dos recintos policiales y luego fue expulsado del país.
Pero, lo que detonó una verdadera bomba en estas horas fue la razón: un decreto firmado por el entonces intendente de la Región Metropolitana y hoy candidato a gobernador por esta misma circunscripción, Claudio Orrego. Dicha Resolución Exenta N° 77/2017, dispuesta el 19 de enero de ese año, deja mucho para analizar.
En el escrito, se separa de todo lo mencionado lo siguiente al respecto: «De los antecedentes remitidos se indica que el extranjero en comento, ha sido detectado participante de diversas actividades antisistémicas, alterando el orden social del país y constituyendo de esta manera un peligro para el Estado».
«Yo creo que están muy nerviosos. Creo que tengo una mala conciencia sobre lo que hacen, no tengo otra explicación. Yo nunca fui tomado por la policía haciendo nada. Yo estuve grabando videos solamente. Creo que el Estado chileno tiene miedo de que se conozca lo que pasa con las huelgas y los trabajadores. Tiene miedo de los extranjeros que pueden hablar fuera de Chile», expresó el comunicador a El Ciudadano.
Orrego quedó en el centro de las miradas
Por su parte, René Sáez, entonces secretario de ARMETRASE, comunicó: «Es una cosa sumamente arbitraria, en un régimen de la dictadura aún. Lorenzo es sumamente pacífico y la acusación que se le hace, que es un peligro para el Estado de Chile, es una cosa que no se puede suscribir por ningún sentido».
Además, se sabe que el fallo determinó que tanto el informe policial en el que se sustentó la decisión de Orrego «carecen de una descripción fáctica de la conducta que se le atribuye al amparado, consistente en hechos positivos y objetivos concretos que permitan sustentar que su permanencia en el país sería contrario a los intereses de Chile o constituiría un peligro para el Estado».
Para culminar con lo ocurrido en ese entonces, la Corte Suprema afirmó que el acto administrativo de expulsión es «una mera afirmación de autoridad, sin respaldo y sin dar al afectado posibilidad alguna de ejercer sus defensas, lo que resulta inaceptable en cualquier actuación de la administración pública».
