La Contraloría informó que miles de personas aparecían en las listas como beneficiarios del bono sin cumplir los requisitos. Entre ellos, difuntos y concejales.
El gobierno nacional implementó, a comienzos de la pandemia, un bono para ayudar al 60% más vulnerable, de acuerdo al Registro Social de Hogares, el cual debía otorgarse a personas sin ingresos formales y sin beneficios como la Asignación Familiar.
Aparentemente, algo falló.
La Contraloría General de la República encontró pagos del Bono Covid por $5.036 millones a personas con trabajos formales, a fallecidos y hasta varios concejales.
La lista para recibir este beneficio fue formulada por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. El Instituto de Previsión Social (IPS), era quien se encargaba de ejecutar los pagos.
En el informe se detalla que el gobierno entregó más de $3.300 millones a casi 70 mil empleados con trabajo formal al momento de recibir el beneficio. Además, se abonaron $1.600 millones a otros 33 mil trabajadores independientes, que registraban facturación. Es decir, contaban con ingresos.
FALLECIDOS
Contraloría expuso que el gobierno incluyó en la lista a 2508 personas fallecidas. Tras el filtro del IPS se redujo a 361 difuntos, por un monto superior a los $22 millones.
CONCEJALES FAVORECIDOS
Las identidades de los legisladores beneficiados no fueron reveladas. Se detalló que en la nómina original aparecían 53 ediles. Finalmente, fueron 43 los que percibieron de la IPS $2 millones aproximadamente.
RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA
Considerando todas estas irregularidades, el organismo fiscalizador le dio al IPS un plazo de 60 días hábiles para anular los pagos a quienes no debían recibirlos. El instituto contará con idéntico tiempo para programar las cobranzas de los pagos efectuados.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y la SUSESO deberán, dentro del plazo citado, implementar las medidas pertinentes tendientes a concretar la implementación de mecanismos de actualización permanentes y oportunos de las nóminas.
Ello, “de manera de contar con información que les permita verificar la existencia de las personas al momento de otorgar los beneficios, comunicando dichas medidas en el plazo anteriormente citado”.
