A más de dos años del crimen del niño Tomás Bravo Gutiérrez en la comuna de Arauco, aún no se encuentran a los responsables.
Ahora, el medio La Tercera reveló los oficios de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, correspondientes a julio del año pasado, contra el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML). Ambos documentos fueron dirigidos hacia las máximas autoridades de dichas instituciones, Sergio Muñoz y Gabriel Zamora, respectivamente.
Según la persecutora, hubo una situación que marcó un antes y un después. Esto fue cuando el fiscal en primera instancia, José Ortiz, decidió formalizar al tío abuelo del menor, Jorge Escobar, sin contar con antecedentes suficientes y la PDI le advirtió lo «inconveniente» de la orden. «Creemos que este hecho marcó definitivamente y de forma negativa la predisposición del personal BH-PDI para con la fiscalía y los fiscales y también para con la indagatoria», expuso Cartagena.
Desde ese entonces, todas las acciones de la Brigada de Homicidios «fueron realizadas bajo la absoluta convicción de que el niño se había perdido solo y había fallecido al margen de la intervención de terceros» y solicitaban diligencias a la Fiscalía «siempre en pos de comprobar la teoría que se había elegido por la BH, como la única posible».
«Dicha postura fue patente frente a diligencias que se les encargaron, las que realizaron sin el más mínimo entusiasmo, salvo aquellas que desplegaron de forma casi autónoma para poder imponer su versión de lo ocurrido», añadió en el informe.
No se tomaron muestras
Además, la fiscal regional acusó a la doctora Carla Aldana, miembro de la Brigada de Homicidios y del SML, porque «descartó en el sitio de hallazgo que el niño haya sido violado» y por ese motivo los peritos no tomaron «muestras relacionadas a un posible delito de violación».
«Dicha decisión fue un error en sí mismo, ya que dicho procedimiento se justificaba», complementó.
Al concluir, Cartagena manifestó que esto es «muy grave, imposible para el más brillante de los peritos-médicos. Injustificable desde cualquier metodología posible y se torna peligroso si se analiza que dichos comentarios fueron escuchados por todo el personal BH que la acompañó».
