Ninoska Payauna, la carta del
Partido Republicano para presidir la directiva del Consejo Constitucional, está en la mira. Hace pocas horas se supo que tiene una causa por el delito de hurto en 2007. Cabe resaltar que la consejera constitucional fue electa por la región de Tarapacá y se quedó con el 13,2% de los votos. Asimismo, es profesora de inglés y cuenta con ascendencia del pueblo indígena aymara. "Soy aymara, pero antes que todo soy chilena", comenzó diciendo la carta del
Partido Republicano en un encuentro entre consejeros constitucionales en la comuna de Casablanca, Valparaíso. De acuerdo con lo dictado por La Tercera, dicho partido expuso que el motivo de elegir a
Ninoska fue por la estrategia de mostrarse con mayor disposición al diálogo. Sin embargo, la misma tiene una causa del 2007 por el delito de “hurto falta”. La consejera resultó detenida en abril por guardias de Ripley, junto con otra mujer llamada Dennise Bejar Morales. El delito fue robar en una tienda, pero terminaron siendo detectadas por la central de monitoreo del comercio. Sobre esto, Carabineros de Chile decidieron detener a las involucradas. Analizando el expediente, Payauna tenía 18 años en ese momento y con la otra mujer "habían ocultado artículos en una bolsa que portaban cada una, para luego dirigirse hasta uno de los accesos de ingreso en dirección al exterior, sin cancelar dichas especies".
Dura acusación a la carta del Partido Republicano
La acusación por robo fue por un sweater marca Index de color negro, el que tenía un precio de en $9.990. La causa se tramitó en el Juzgado de Garantía de Iquique y está actualmente finalizada, ya que en esa oportunidad el Ministerio Público tomó la decisión de aplicar el principio de oportunidad, una figura penal en que la Fiscalía decide no perseverar con sanciones. "El Ministerio Público estima que los hechos indicados no comprometen gravemente el interés público, la pena mínima asignada al delito no excede la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, y no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones", indicaron. "Los hechos denunciados, a juicio de la Fiscalía, no comprometen gravemente el interés público, toda vez que corresponden a un evento aislado que perjudica el interés particular y pecuniario de la víctima. Además, la baja penalidad asociada a la conducta denunciada haría más perniciosa que favorable la intervención del aparato de persecución penal estatal", señalaron en aquel entonces sobre la ahora carta del
Partido Republicano.
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