El viernes pasado, el destacado ministro de Desarrollo Social y figura histórica de Revolución Democrática (RD),
Giorgio Jackson, fue furor. El menciondo se pronunció sobre la crisis que atraviesa su partido político después que saliera a la luz el denominado "Caso Democracia Viva". Este escándalo se originó a raíz de la denuncia de la asignación directa de $426 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, encabezada por el exseremi Carlos Contreras (RD), a una organización sin fines de lucro presidida por Daniel Andrade, militante de RD y pareja de la diputada Catalina Pérez, quien presidió el partido entre 2019 y 2022. El ministro
Giorgio Jackson inició su intervención manifestando que la situación denunciada es inaceptable y actualmente está siendo investigada por la Fiscalía. Asimismo, hizo un llamado a que tanto el gobierno como todos los sectores responsables colaboren para garantizar una investigación que detecte cualquier tipo de irregularidad o ilegalidad y sancione a los responsables, sin importar su afiliación política. En línea con el presidente Gabriel Boric, el exdiputado de RD señaló que este caso resulta "doblemente grave" para aquellos que han abogado por estándares más altos en materia de probidad y transparencia. Jackson enfatizó la necesidad de tomar medidas ejemplares a nivel partidario y anunció que ambas personas involucradas en el caso, el exseremi Carlos Contreras y Daniel Andrade, están suspendidos temporalmente y se ha solicitado su expulsión ante el Tribunal Supremo del partido.
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El ministro
Giorgio Jackson también mencionó que se ha solicitado al Tribunal Supremo la suspensión de la militancia de la diputada Catalina Pérez, con el fin de asumir la responsabilidad y mantener una política de tolerancia cero ante cualquier irregularidad en la que estén involucrados miembros de RD. Estas medidas buscan mostrar coherencia y un compromiso firme con la transparencia y la ética en el partido. El presidente de RD, el senador Juan Ignacio Latorre, informó posteriormente que se solicitó al Tribunal Supremo la suspensión de la militancia de la diputada Catalina Pérez, reafirmando el compromiso de la agrupación política con la rendición de cuentas y la transparencia en todos sus niveles. Latorre resaltó la importancia de abordar cualquier irregularidad sin doble estándar y reafirmó la política de tolerancia cero ante situaciones que involucren a miembros de su partido.
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