La diputada del Partido Republicano,
Chiara Barchiesi, ha salido en defensa de su decisión de contratar a un
Carabinero que es furor. Se trata de
Sebastián Zamora Soto, un exoficial imputado por su presunta implicación en la caída de un adolescente desde el Puente Pío Nono de Santiago durante una manifestación en 2020.
Sebastián Zamora Soto, quien anteriormente se desempeñaba como cabo de Fuerzas Especiales, estaba a punto de enfrentar un juicio oral por el delito de homicidio frustrado. Sin embargo, el proceso se encuentra congelado debido a un recurso presentado por su defensa ante el Tribunal Constitucional (TC). La Fiscalía solicita una pena de 8 años de cárcel en su contra por los hechos ocurridos. La noticia de la contratación del ex Carabinero por parte de la parlamentaria se viralizó ampliamente en las redes sociales. Según consta en los registros de transparencia de la Cámara, el exuniformado figura como personal administrativo en el equipo parlamentario de
Barchiesi, y se informa que recibiría un sueldo mensual de $800 mil. Ante las críticas y cuestionamientos, la diputada ha salido a defender la contratación de Zamora, alegando que fue "intencionalmente mal acusado" por la Fiscalía.
El ex Carabinero sigue en la mira
"Estoy orgullosa de tener al Cabo Zamora en mi equipo, no solo porque fue intencionalmente mal acusado por la fiscal (Ximena) Chong, sino también porque está finalizando sus estudios de Ingeniería en Administración Pública. Aquellos que critican su contratación justifican las fundaciones, pitutos e indultos del Gobierno", manifestó la congresista a través de su cuenta de Twitter. Los hechos que involucran al ex
Carabinero ocurrieron el 2 de octubre de 2020, cuando, según la acusación de la Fiscalía, el cabo
Zamora habría abalanzado contra un menor de 16 años en el Puente Pío Nono, ocasionando que este cayera de cabeza al río Mapocho. El joven sufrió fracturas y se le acusó al mencionado de no prestarle ayuda. El juicio oral estaba avanzando de manera oportuna hasta que la defensa del imputado cuestionó la exclusión de algunos de sus testigos, principalmente al fiscal Patricio Macaya, quien lideró los primeros procedimientos después de la caída, pero que en la actualidad no forma parte del caso. El conflicto legal se centra en la pertinencia de que un fiscal aparezca en un juicio como testigo citado por la defensa del imputado, cuestión que ahora debe ser resuelta por el Tribunal Constitucional para dar inicio al juicio.