La
Cámara de Diputados ha dado luz verde al proyecto que busca regular los delitos relacionados con
ocupaciones ilegales de inmuebles. Es por eso que, estableciendo nuevas sanciones y modalidades, además de introducir mecanismos eficaces para la restitución, se ha generado un enorme debate. Con esta aprobación, el proyecto retorna al Senado para ser discutido en su tercer trámite constitucional. La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, participó en el debate en la sala de la
Cámara Baja y cuestionó la inclusión de la denominada "legítima defensa privilegiada", propuesta por la oposición. Dicha disposición permitiría a civiles recuperar "por sus propias manos" sus propiedades ocupadas. "Como Gobierno, no permitiremos una ley de usurpaciones que fomente enfrentamientos. El proyecto en el Congreso busca proteger a aquellos a quienes les usurpan sus propiedades, y para ello es esencial avanzar con herramientas legales, no con acciones salvajes", señaló en redes. En el transcurso de las discusiones en el Congreso, la representante gubernamental expresó un argumento similar: "Esta norma habilita a infligir cualquier daño al autor del delito. Esa es la 'legítima defensa privilegiada'. Es decir, se permite actuar en cualquier momento, recurrir a terceros y causar cualquier tipo de daño. Si eso no es autotutela, si eso no es la ley de la selva". Tohá subrayó la voluntad del Ejecutivo de endurecer las sanciones, pero recalcó que hay una diferencia entre saltar una reja y amenazar a alguien con un arma de fuego. Asimismo, expresó su desacuerdo con la idea de que grupos de personas armadas tomen la justicia en sus manos. En la votación específica del artículo, 73 parlamentarios se manifestaron a favor, 63 en contra y cinco se abstuvieron.
Se definió todo en la Cámara
Este proyecto ya había obtenido la aprobación en su etapa de idea legislativa. No obstante, su contenido había sido postergado para un segundo análisis por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la
Cámara Baja. Durante este proceso, el gobierno intentó, sin éxito, alcanzar acuerdos en diversas áreas donde consideraba que se había alterado la esencia fundamental del texto. La mayoría de las enmiendas propuestas en la comisión fueron rechazadas, excepto una relacionada con la imposibilidad de detener a aquellas personas que residen en terrenos ocupados y que figuran en el catastro anual de campamentos. El diputado Andrés Longton, miembro de Renovación Nacional (RN), enfatizó: "El mensaje es claro: la mayoría del Congreso, que refleja a la mayoría del país, apoya una ley de usurpaciones que establezca penas de prisión efectivas y que otorgue a la policía la facultad de detener en flagrancia, de manera permanente, a aquellos que usurpen terrenos". El proyecto busca modificar el Código Penal para sancionar con penas de privación de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes. Entre sus principales objetivos se encuentra castigar con presidio todas las formas de usurpación, además de extender el período de flagrancia en este delito. Sobre eso, Longton concluyó: "Este cambio es significativo en comparación con la situación actual, en la que las familias no obtienen justicia debido a procesos judiciales interminables. Esta impunidad llegará a su fin con esta ley, permitiendo que aquellos que recurren a la violencia y se apropian ilegalmente de terrenos sean detenidos. Esta es una excelente noticia para nuestro país".
