El proceso penal iniciado tras el ataque incendiario a la sede Bellavista de la Universidad San Sebastián en diciembre de 2019 concluyó definitivamente sin ningún responsable. La pesquisa judicial quedó trunca al focalizarse en dos funcionarios de la Dirección de Inteligencia de Carabineros que actuaban de manera encubierta en el lugar.
La presencia de los Carabineros fue advertida por el exdirector de seguridad del recinto, Jorge Barraza, tras un minucioso análisis de las cámaras de vigilancia. Pese a que el exfuncionario intentó entregar los vídeos y su testimonio a la Policía de Investigaciones, sus pruebas no se sumaron al expediente.
El fiscal del caso, José Morales, intentó obtener antecedentes de los agentes David Gaete y Óscar Cifuentes. El persecutor precisó que el objetivo de la diligencia era «saber si los funcionarios tenían antecedentes del sujeto encapuchado que en las grabaciones se ve iniciando el fuego».
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La solicitud chocó con la negativa del Ministerio del Interior, liderado en ese momento por Rodrigo Delgado, invocando la Ley de Inteligencia para resguardar el secreto. Ante dicho cerrojo y la ratificación del exfiscal nacional Jorge Abbott, la Fiscalía comunicó su decisión de no perseverar en el caso.
Previamente, Barraza afirmó haber presentado las grabaciones a directivos universitarios en una reunión donde asegura que Andrés Chadwick le preguntó sobre sus intenciones con la causa. No obstante, desde la casa de estudios desmintieron categóricamente cualquier participación del exministro en dicho encuentro.
