La funcionaria del Ministerio del Interior que acusó al exsubsecretario Manuel Monsalve por presuntos delitos sexuales en el Hotel Panamericano, se encuentra ahora en una compleja situación laboral. Recientemente fue notificada de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) rechazó tres de sus licencias médicas consecutivas, presentadas entre marzo y la fecha, lo que implica que no recibirá su sueldo correspondiente a junio. El Ministerio del Interior ha advertido que, de no prosperar las apelaciones, la denunciante podría verse obligada a reintegrar pagos previos, añadiendo una nueva capa de tensión a un caso ya de por sí delicado.
La mujer, de 32 años, se encuentra con licencia médica desde octubre de 2024, pocos días antes de formalizar su denuncia en la Fiscalía Centro Norte. Los hechos que motivaron la acusación habrían ocurrido en el Hotel Panamericano la noche del 22 y la mañana del 23 de septiembre de ese mismo año. Desde entonces, la funcionaria no ha podido regresar a su puesto de trabajo, ya que no cuenta con alta médica, lo que agrava su situación personal y profesional desde lo ocurrido con Manuel Monsalve.
Según lo informado por La Segunda, el rechazo de las licencias médicas fue comunicado al equipo jurídico que la representa en el ámbito laboral. Este mismo equipo había logrado en febrero que se acogiera a trámite una medida prejudicial para preparar una eventual tutela de derechos fundamentales contra el Fisco. Desde la repartición pública, se ha argumentado que el impago de sus honorarios y la revisión de su situación se deben al rechazo de sus permisos médicos, y que una autorización irregular podría generar observaciones de la Contraloría General de la República.
Tensa situación para la denunciante de Manuel Monsalve
Este caso se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre el uso de licencias médicas en el sector público, luego de que se detectara un uso fraudulento por parte de más de 25 mil funcionarios que habrían utilizado estos permisos para viajar fuera del país. El último informe de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) de 2024 revela que las licencias por trastornos mentales siguen siendo las más frecuentes (33,1% del total), con una tasa de rechazo del 17,8%. La situación de la denunciante de Monsalve, por lo tanto, se inscribe en un debate más amplio sobre la fiscalización y el control de estas ausencias laborales.
La abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, expresó que su representada se encuentra "sumamente afectada" y que el tema está siendo revisado por abogados especializados en materia laboral. Además, reiteró críticas al Estado por el trato que ha recibido la víctima durante la investigación, señalando que "el Estado ha requerido su testimonio en nueve ocasiones, lo que va en contra de la normativa que busca evitar la revictimización". La próxima instancia clave en el caso será el 18 de julio, fecha en que la Fiscalía tiene previsto realizar la reformalización a Manuel Monsalve, un momento crucial donde se presentarán los resultados del informe elaborado por el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) de la PDI.
