La diputada Catalina Pérez enfrenta actualmente una imputación como coautora de fraude al fisco en relación al escándalo denominado “caso Democracia Viva”. La investigación gira en torno a un convenio por más de 400 millones de pesos chilenos firmado entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, organización encabezada por su expareja, Daniel Andrade. El Ministerio Público sostiene que dicho acuerdo fue promovido con fines políticos, lo que ha generado un fuerte revuelo en el ámbito político y judicial.
Este lunes, Catalina Pérez, ya desaforada por decisión de la Corte Suprema, se presentó ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta para enfrentar cargos por tres delitos relacionados con malversación de fondos públicos. La Fiscalía argumentó que su libertad representa un riesgo para la seguridad de la sociedad, razón por la cual solicitó su prisión preventiva. No obstante, el tribunal optó por imponerle arresto domiciliario total, desestimando la petición del ente persecutor.
Durante la audiencia, la parlamentaria guardó silencio ante los medios, manteniéndose sin emitir declaraciones públicas. Según el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar, Pérez habría tenido una participación directa en la gestión del millonario convenio, colaborando con el entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras, para legitimar la participación de Democracia Viva en el programa de Asentamientos Precarios, a pesar de que la fundación no cumplía con los criterios técnicos necesarios.
Catalina Pérez es noticia nacional
El caso ha ido tomando fuerza a medida que se revelan nuevos antecedentes, incluyendo presuntas conversaciones entre Pérez y Andrade en las que habrían intentado fabricar pruebas para aparentar que la fundación contaba con una oficina operativa, con el objetivo de frenar cuestionamientos desde la prensa y la opinión pública. Además, el Ministerio Público sostiene que los convenios suscritos fueron parte de una estrategia para desviar fondos estatales con objetivos políticos.
A pesar de las graves acusaciones, Catalina Pérez ha negado haber obtenido beneficios personales o económicos como resultado de los convenios cuestionados. Sin embargo, su vínculo con los principales involucrados y su rol en la facilitación de los contratos han puesto en entredicho su actuación como funcionaria pública, en un caso que continúa bajo escrutinio nacional.
