La diputada Gazmuri ofició a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre la legalidad de una instrucción administrativa impartida recientemente en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), que ordenó suspender el despacho de documentación y la tramitación de actos administrativos en el contexto del cambio de gobierno.
La medida instruyó a las jefaturas y funcionarios del ministerio a abstenerse de despachar documentación interna y externa, así como suspender contrataciones, adquisiciones y compras públicas hasta nuevo aviso, advirtiendo que el incumplimiento podría derivar en responsabilidades administrativas. La diputada advirtió que “la paralización no solo detiene trámites administrativos, sino que amenaza la entrega de subsidios habitacionales, interrumpe pagos a proveedores y frena adquisiciones y contrataciones, afectando directamente a miles de familias”.
“Una suspensión general de trámites administrativos puede vulnerar derechos ciudadanos y contraviene principios básicos de la Administración del Estado, como la continuidad del servicio y la celeridad en la gestión pública. La Contraloría debe aclarar a la brevedad si esta instrucción se ajusta a derecho” señaló Gazmuri.
En su oficio, la parlamentaria solicitó que la Contraloría determine si la instrucción se ajusta a los principios de continuidad del servicio público y celeridad administrativa, si resulta jurídicamente procedente suspender de manera general el despacho de documentación y actos administrativos en un cambio de administración, y si la obligación impuesta a los funcionarios bajo apercibimiento de responsabilidad administrativa se encuentra dentro del marco legal vigente.
Gazmuri enfatizó que en nuestro ordenamiento jurídico existe un principio básico: “el Estado no se detiene cuando cambia un gobierno y este requerimiento busca dar certezas, proteger a las y los funcionarios y, sobre todo, asegurar que ninguna familia en Chile vea en riesgo su derecho a la vivienda por decisiones administrativas poco claras”.
