Frente a la incertidumbre que genera la discusión del Presupuesto 2026 en materia de programas sociales y de salud, la diputada Nathalie Castillo se reunió con dirigentes, adultos mayores y trabajadoras del programa Más Adultos Mayores Autovalentes (Más AMA) en el sector de Las Compañías, en La Serena, para expresar su compromiso con la continuidad de esta iniciativa que promueve el envejecimiento activo y saludable en todo el país.
El programa, dependiente del Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y la Atención Primaria de Salud, busca mantener y mejorar la autovalencia funcional de las personas mayores, fortaleciendo su bienestar físico, mental y social. Talleres de estimulación, ejercicios físicos, recreativos y comunitarios son algunas de las actividades que los dirigentes relataron a la parlamentaria.
“Este es un programa que no solo mejora la salud física y emocional de las personas mayores, sino que también fortalece el sentido de comunidad, la dignidad y el derecho a envejecer con bienestar. Vamos a defender su presupuesto en la partida del Ministerio de Salud y a gestionar con la DIPRES y la Secretaría General de la Presidencia la reposición de los recursos que puedan verse afectados”, afirmó la diputada Castillo.
Maritza Toroco es presidenta de la agrupación de adulto mayor "Somos felices caminando y bailando", y en la reunión manifestó la preocupación por el posible fin del programa, destacando que ha contribuido al bienestar de las y los adultos mayores de este sector de la comuna. “Lucharemos para que no se pierda”, dijo.
La parlamentaria agregó que no existen fundamentos técnicos que respalden su eliminación, ya que el programa Más AMA ha registrado una ejecución presupuestaria del 100%, y su diseño fue evaluado con recomendación favorable en 2021 por la misma DIPRES.
Asimismo, Castillo advirtió que la eliminación de este programa sería contraria a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la cual Chile es Estado parte desde 2017. De concretarse, se transgredirían al menos seis artículos de la Convención, entre ellos el 6, 8, 9 y 17, que consagra el derecho a la vida digna, a la independencia, a la participación e integración comunitaria y a la accesibilidad a servicios de salud y bienestar.
La diputada reafirmó que cualquier recorte a este programa afectaría directamente a usuarios y trabajadores, debilitando un pilar esencial de la política pública de envejecimiento activo y de la Atención Primaria de Salud, que cumple un rol clave en la prevención y la promoción del bienestar.
Finalmente, Castillo enfatizó que la defensa del gasto social y sanitario debe ser una prioridad del Estado, especialmente en una sociedad que envejece y que requiere más cuidado, dignidad y oportunidades para sus personas mayores.
