Preocupación y alerta han manifestado organizaciones de derechos humanos ante la posibilidad de que se otorgue un indulto presidencial al capitán del Ejército en retiro José Santiago Faúndez Sepúlveda, condenado a 15 años de cárcel por el homicidio de Romario Veloz Cortés, ocurrido en La Serena el 20 de octubre de 2019, en el contexto de la revuelta social.
A la condena del exuniformado se suman además delitos de violencia innecesaria que provocaron lesiones graves a Rolando Robledo y César Véliz durante esa misma jornada.
Para la diputada Nathalie Castillo, representante de la región de Coquimbo, un eventual indulto sería una señal profundamente preocupante. “Fue un proceso judicial muy duro para la familia de Romario y para quienes acompañaron la búsqueda de justicia. Un indulto sería gravísimo, porque enviaría una señal de impunidad para quienes abusaron de las armas del Estado”, afirmó.
La parlamentaria agregó que “estaremos atentas a si este indulto finalmente se firma”, y recalcó además las contradicciones del actual mandatario, quien durante la campaña presidencial señaló que no aplicaría este tipo de medidas.
Por su parte, Adriana Rojas, abogada querellante y defensora de las víctimas de Faúndez, recordó que en este proceso también intervino el Consejo de Defensa del Estado debido a la gravedad de los delitos. “Creemos que discutir un indulto de estas características es poner en riesgo la seguridad no solo de las víctimas sobrevivientes y de sus familias, sino también de la ciudadanía en general. Vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales para impedir que se consagre este indulto”, señaló.
El presidente José Antonio Kast, a horas de asumir formalmente el cargo, señaló en distintas entrevistas televisivas la posibilidad de evaluar indultos para uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. En conversación con T13, indicó que el objetivo sería avanzar en esa línea para “recuperar la paz con diálogo”.
