La iniciativa de la diputada del Partido Comunista surge tras el informe de Contraloría que reveló que el 70% de los municipios entregó licencias de conducir a deudores, pese a que la Ley del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos lo impide.
“Hemos presentado un proyecto de ley que busca revocar estas licencias porque aquellos que son parte del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos no pueden obtenerla. Este proyecto busca hacer justicia con miles de niños y niñas que merecen su pensión de alimentos”.
La iniciativa modifica la Ley de Tránsito, incorporando de forma expresa el requisito general de que el solicitante no debe figurar en el registro en calidad de deudor de alimentos para obtener la licencia de conducir.
Además, incorpora un mecanismo de cancelación de las licencias que hayan sido otorgadas en contravención a la ley, asegurando el cumplimiento de la normativa tanto en la renovación como en el otorgamiento de las licencias de conducir.
La medida se enmarca en una política integral para fortalecer el sistema de pensiones alimenticias, donde el 96% de los deudores registrados son hombres. Según datos del Registro Civil, actualmente existen más de 238 mil deudores morosos de pensiones alimenticias en el país, con una deuda acumulada que supera los $17.473 millones.
