El diputado Joaquín Lavín León se encuentra en el ojo del huracán tras ser acusado de utilizar fondos públicos para saldar deudas derivadas de su última campaña política. Una querella criminal, presentada por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, detalla una serie de irregularidades que involucrarían al parlamentario, incluyendo la emisión de facturas falsas para obtener recursos del Congreso. Estas acusaciones se suman a las críticas por su gestión en el municipio durante el periodo de su esposa, Cathy Barriga.
Según la investigación, Juan Alberto Silva, dueño de la Imprenta MMG, habría confesado ante la Fiscalía que, a solicitud de un cercano asesor de Lavín, emitió facturas ideológicamente falsas a la Cámara de Diputadas y Diputados. Estas facturas habrían sido utilizadas para cubrir una deuda que el parlamentario mantenía con Silva por conceptos relacionados con su campaña. “Arnaldo Domínguez, asesor de Lavín, me propuso pagar de forma mensual con nuevas facturas que yo emitiera a Joaquín Lavín, las que él rendiría al Congreso”, declaró el empresario, quien admitió haber aceptado el acuerdo para recuperar el dinero adeudado.
La querella señala que Lavín habría presentado al menos 19 facturas fraudulentas por un monto total de $17,8 millones, utilizando asignaciones parlamentarias destinadas exclusivamente a su labor legislativa. Silva afirmó que estas facturas no tenían respaldo real y que su único propósito era saldar la deuda que el diputado mantenía con él. “No tengo respaldos de que se haya ejecutado lo indicado en la glosa, ya que, como indiqué, se buscaba abonar la deuda que tenía conmigo”, explicó.
El nombre de Joaquín Lavín León está en la mira
Además de este caso, la investigación reveló otras dos fuentes de cobros irregulares. Un funcionario municipal de Estación Central admitió haber emitido boletas a la Cámara por un total de $3 millones, destinados supuestamente a cubrir gastos domésticos de Lavín, como la compra de fruta para su hogar. Por otro lado, la empresa Modo74 SpA, propiedad de un exasesor del diputado, también habría presentado facturas cuestionables por servicios relacionados con la página web del parlamentario, aunque no se habría evidenciado un trabajo concreto.
El caso tomó un nuevo giro hace unas semanas, cuando Joaquín Lavín León devolvió $7 millones a la Cámara de Diputados, el mismo día en que la Policía de Investigaciones (PDI) allanó su oficina parlamentaria y su domicilio. En ese momento, el diputado aseguró que más adelante explicaría el motivo de dicha devolución. Mientras tanto, las acusaciones continúan acumulándose, generando un escándalo político que podría tener graves consecuencias para su carrera.
