Una fuerte crítica realizó el periodista Daniel Matamala al proyecto de reforma constitucional impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast, iniciativa que contempla la creación de un nuevo estado de excepción para enfrentar situaciones graves de seguridad pública.
La propuesta, ingresada al Senado como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, busca incorporar una herramienta que permita al Presidente adoptar medidas excepcionales ante una amenaza grave e inminente o frente a una afectación grave de la seguridad pública. El régimen podría aplicarse de manera acotada a determinadas zonas.
Entre las atribuciones contempladas se encuentran restricciones a la libertad personal, de locomoción y de reunión, además de limitaciones al derecho de asociación. El proyecto también considera facultades para interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, junto con la posibilidad de disponer requisiciones de bienes.
Fue precisamente el alcance de estas atribuciones lo que generó preocupación en Daniel Matamala. En su análisis, el periodista sostuvo que la iniciativa representa un cambio relevante en la forma en que se distribuye el poder dentro del Estado y manifestó que había conversado con abogados constitucionalistas para conocer sus alcances.
"Gravísimo"
Uno de los aspectos que cuestionó fue el criterio que permitiría activar este nuevo régimen. A su juicio, la expresión “amenaza grave e inminente” podría resultar demasiado amplia en comparación con los requisitos establecidos actualmente para otros estados de excepción.
También puso el foco en la duración que podría alcanzar la medida. El comunicador planteó reparos a que el Ejecutivo pueda mantenerla durante un período prolongado y advirtió sobre la importancia de que existan controles institucionales suficientes sobre las decisiones presidenciales. Sin embargo, el punto que calificó como más preocupante fue el conjunto de facultades que podrían concentrarse en manos del Presidente durante la vigencia del estado de excepción.
“Me parece que es entregarle facultades a una sola persona, que hoy es de un sector político, mañana puede ser de otro, eso da lo mismo, pero es entregarle a una sola persona facultades que son dictatoriales, que no son propias de una democracia, que no son propias de la separación de poderes, que no son propias de un Estado en que todos nosotros tenemos derechos que podemos hacer valer frente al Estado, en que todos nosotros, si somos víctimas de una situación injusta, podemos recurrir a tribunales o podemos recurrir a la justicia. Me parece gravísimo”, expuso.
“Esto va a quedar en la Constitución para que futuros presidentes también puedan aplicarlo”, añadió.
El Gobierno, en tanto, ha defendido la reforma como una herramienta para enfrentar zonas afectadas por el crimen organizado y el terrorismo. Desde el Ejecutivo han destacado que se trataría de un mecanismo excepcional y focalizado territorialmente.
La iniciativa deberá ahora avanzar en su tramitación legislativa, donde se espera un debate respecto del equilibrio entre las nuevas herramientas de seguridad que busca entregar el Ejecutivo y las garantías y controles institucionales asociados al ejercicio de derechos fundamentales.
