Con el propósito de obtener información respecto de la orden al Programa de Derechos Humanos para abstenerse de intervenir en audiencias donde criminales de lesa humanidad piden beneficios, es que la diputada Lorena Pizarro elevó un oficio al ministro de Justicia, Fernando Rabat, con copia a la contralora de la República, Dorothy Pérez.
En el documento se pide específicamente que el secretario de Estado envíe una copia íntegra, fechada y suscrita, de toda instrucción a los abogados del programa de DD.HH. referida a su proceder en las audiencias. A su vez, solicita la confirmación de, si se ha dictado o no, un acto administrativo formal que modifique, suspenda o derogue el Protocolo de Actuación de Programa de Derechos Humanos, entre otros.
Según explicó la diputada Pizarro, el oficio responde a que “nos enteramos que el gobierno ‘antidelincuencia’, el gobierno que tante prometió, hoy ha avanzado, con mucha fuerza y una vez más, en contra de lo que son sus obligaciones internacionales para con las víctimas de la dictadura civil-militar, y en un hecho sin precedentes ha enviado un oficio donde se le señala a los abogados defensores de causas de derechos humanos, del programa de DD.HH. del Ministerio de Justicia, que no apelen ni presenten recursos ante las solicitudes de libertad de los abogados de los genocidas presos en Chile”.
“Solo decir que más allá de lo formal que podamos hacer -que lo estamos haciendo-, esto es una vergüenza, incumple normas internacionales, incumple tratados firmados por Chile (…) De verdad este gobierno está gobernando para esa élite autoritaria, desvergonzada y que fue parte de gravísimos crímenes en dictadura”, finalizó la histórica dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
