Un nuevo capítulo suma el polémico caso de los dos exfuncionarios de la Municipalidad de Vitacura que fueron grabados mientras mantenían relaciones sexuales en su lugar de trabajo. La pareja presentó una demanda laboral contra el municipio, exigiendo una indemnización de $200 millones, argumentando que fueron víctimas de vulneraciones laborales y daño moral.
El video, registrado desde la vía pública, se viralizó y provocó la apertura de un sumario administrativo que terminó con la destitución de ambos trabajadores. Los demandantes cuestionan, entre otros puntos, que la alcaldesa Camila Merino habría manifestado públicamente una opinión sobre el caso antes de que concluyera el procedimiento administrativo.
Según uno de los funcionarios, las situaciones que enfrentó después de la difusión del registro le habrían provocado un importante deterioro emocional. En la demanda sostiene que sufrió “daño psicológico y emocional”, además de “miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados”, efectos que atribuye a los supuestos tratos vejatorios y vulneraciones laborales que habría experimentado.
Pero los $200 millones no son la única petición. Los extrabajadores también solicitan que la Municipalidad de Vitacura implemente capacitaciones relacionadas con vulneración de derechos y que publique información destinada a reparar su honra. Además, la causa contempla un peritaje psicológico, ordenado por el tribunal, para determinar si efectivamente existió una afectación a su salud mental producto de los hechos.
La causa se reanudó recientemente después de una fallida audiencia de conciliación, instancia en la que los demandantes manifestaron que no tenían intención de alcanzar un acuerdo extrajudicial. El juicio laboral quedó fijado para este jueves, por lo que ahora será la justicia la que deberá determinar si corresponde la millonaria indemnización solicitada y si existieron las vulneraciones denunciadas.
