La Fiscalía mantiene en investigación a la senadora de Camila Flores (RN), tras una denuncia que apunta a un presunto mecanismo para apropiarse de parte de los sueldos de sus asesores. La indagatoria se originó a partir de una presentación anónima y pone el foco en prácticas que habrían ocurrido durante su etapa como diputada, extendiéndose, según los antecedentes, por al menos siete años.
De acuerdo con lo revelado por Reportajes T13, la acusación sostiene que la parlamentaria Camila Flores habría solicitado a integrantes de su equipo la entrega en efectivo de una fracción de sus remuneraciones. Estos recursos, siempre según la denuncia, habrían sido utilizados para cubrir gastos personales, sin pasar por cuentas bancarias formales.
Como respaldo, se dieron a conocer mensajes de WhatsApp que darían cuenta del supuesto sistema. “Desde aproximadamente el año 2018, la diputada Camila Flores Oporto habría implementado un mecanismo sistemático y reiterado para apropiarse indebidamente de fondos públicos mediante la contratación de personal con cargo a las asignaciones parlamentarias”, señala la denuncia, según consignó el citado medio. En el mismo documento se describe que esta práctica, conocida informalmente como “la cuota Flores”, implicaba exigir a los trabajadores la entrega de montos significativos de sus sueldos en efectivo.
¿Complicaciones para Camila Flores?
La acusación también detalla que esta dinámica se habría mantenido entre 2018 y el año pasado, con un monto total estimado cercano a los $300 millones. En ese contexto, se menciona a Yolanda Olfos, secretaria de la parlamentaria desde 2018, como la persona encargada de coordinar la recolección del dinero. “Esta entrega es coordinada por la secretaria del equipo, Yolanda Olfos, quien actúa como intermediaria y encargada de recaudar el dinero. Debido a los límites del giro automático, los asesores deben extraer los montos en efectivo por ventanilla mes a mes”, se describe en la denuncia.
Entre los antecedentes expuestos, se incluyen conversaciones que reflejarían el funcionamiento del presunto mecanismo. En uno de los intercambios, se señala: “Hola, cuando pueda llámeme, por favor. La diputada necesita que nos encontremos mañana a las 12 en su oficina”, a lo que se responde: “Hola, no hay problema. Ahí le paso a dejar el sobre. Tengo ya retirado el dinero en efectivo”. En otro diálogo se indica: “¿Cuánto saca líquido?”; “En febrero $1.550.851”; “(La diputada) necesita recibir $1.200.000. A usted $350.851, más teléfono. ¿Qué dice?”. Asimismo, se menciona el caso de Julio Alejandro Lillo, quien, con un contrato mensual de $2.640.939, debía entregar $1.800.000 en efectivo. Por ahora, el Ministerio Público busca establecer si estos hechos constituyen o no delitos.
