Una investigación publicada por el medio Contrapoder sostiene que una empresa vinculada al periodista Gonzalo Feito obtuvo más de $1.000 millones mediante contratos con distintos organismos del Estado, entre ellos el Instituto Nacional de Deportes (INDESPA), el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
Según el reportaje, la sociedad comercial relacionada con Feito prestó servicios de producción audiovisual, campañas comunicacionales y contenidos para instituciones públicas durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, acumulando una facturación superior a los mil millones de pesos. La investigación basa sus antecedentes en información obtenida desde plataformas de compras públicas y registros oficiales.
"Incluso, al revisar Mercado Público se confirma que la primera orden de compra emitida por Ratzmedia fue con la Subsecretaría de Pesca del primer Gobierno de Sebastián Piñera -el 8 de febrero de 2013-, con el propósito de realizar un “programa de cocina de productos del mar de origen pesquero artesanal”, por el monto de $66.937.500", expone la investigación periodística.
"Siete meses después de este contrato, la productora emitió una nueva orden de comprar, pero esta vez con el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) del Biobío, la que en esa época era dirigida por la periodista y esposa del senador Javier Macaya, Katherine Echaiz -con quien Feito hasta la actualidad mantiene un vínculo cercano-. Dicho trato fue por la suma de $45.000.000, para realizar el programa “Cazadores de historia”", agregan.
La publicación ha generado repercusiones debido a que Feito ha mantenido una postura crítica respecto del tamaño del Estado y del gasto público en sus intervenciones en televisión, radio y plataformas digitales. A raíz de ello, el reportaje plantea un contraste entre ese discurso público y la participación de una empresa ligada al comunicador en licitaciones y contrataciones con organismos estatales.
De acuerdo con Contrapoder, los contratos corresponden a procesos realizados a través de mecanismos contemplados en la normativa de compras públicas, descartándose mediante los entes fiscalizadores algún tipo de irregularidad.
