El Caso Farmacias Populares ha tomado un nuevo giro con las recientes declaraciones de Matías Muñoz, uno de los principales imputados. Muñoz ha acusado directamente a la fiscal Giovanna Herrera de haberle ofrecido su libertad a cambio de incriminar al exalcalde Daniel Jadue. En una entrevista con Radio Biobío, Muñoz afirmó que el objetivo principal de la fiscalía era "cagarse a Jadue".
Según su testimonio, Matías Muñoz habría accedido a mentir en su declaración luego de pasar 120 días en prisión. "Me ofreció que si mentía podía salir en libertad. También quería que dijera que las platas del autopréstamo me las robé y se las pasé a Jadue, eso yo no lo hice", sostuvo Muñoz. Además, relató que aceptó declarar falsamente haber participado en una reunión que, según él, nunca existió, y en la que supuestamente se habría pactado un soborno. "Yo no estuve en esa reunión porque esa reunión no existió", sentenció.
Muñoz también afirmó que la fiscalía poseía pruebas que desmentían algunas de las acusaciones presentadas en su contra. Asimismo, denunció un supuesto abandono por parte del Partido Comunista tras su formalización, manifestando sentirse desamparado por Jadue una vez ingresó a la cárcel. "Yo fui el chivo expiatorio de todo esto, lo sigo siendo", declaró, sugiriendo que sin la figura pública de Jadue, su situación de prisión preventiva no habría ocurrido.
Novedades en el caso farmacias populares
El imputado expresó que, a su juicio, el caso farmacias populares tiene motivaciones políticas y que las acciones judiciales han sido desproporcionadas para una causa que inicialmente se centraba en una disputa de deuda con una empresa llamada Best Quality. Muñoz reiteró su inocencia respecto a las acusaciones de fraude, cohecho y lavado de dinero. "No me llevé ni un peso. Recibí una asociación quebrada y la entregué con el 90% de su deuda pagada", enfatizó.
Finalmente, sobre su relación con el exalcalde Jadue, Matías Muñoz afirmó no guardar ningún tipo de resentimiento: "No le tengo ni rencor, ni rabia, ni odio, ni nada. Los dos cometimos solo errores administrativos. No hay delito". Estas declaraciones añaden una nueva capa de complejidad al caso, planteando interrogantes sobre el proceso investigativo y las implicaciones políticas subyacentes en el caso farmacias populares.
