Un nuevo informe técnico elaborado por la exfuncionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) y perito en análisis de videos, Nadia Mansilla, ha arrojado información clave sobre la desaparición de María Elcira Contreras. Según el documento, al que tuvo acceso el medio La Cuarta, se identificaron elementos recogidos en el restaurante del fundo Las Tórtolas que aún no han sido informados ni a la familia de la víctima ni incluidos en los informes policiales oficiales. Mansilla sostiene que estas evidencias son cruciales para el avance de la investigación y su esclarecimiento debería ser una prioridad.
Uno de los puntos centrales del informe es un documento de 99 páginas elaborado por la Brigada de Investigación Criminal de Limache, firmado por el subprefecto Robinson Alarcón Frías y el comisario Raúl Zavala Puga. Este archivo detalla las primeras diligencias de la causa, incluyendo la solicitud formal de grabaciones de seguridad del restaurante Las Tórtolas por un lapso de 24 horas, las cuales fueron entregadas a través de un acta de incautación.
La revisión de dicha acta de incautación, realizada por Mansilla, indica que fue firmada por Mónica Kleinert, entonces administradora del fundo, el 13 de mayo de 2024. En el documento se describe la entrega de “videos del sistema de video vigilancia”. Sin embargo, no hay constancia de que estas grabaciones hayan sido debidamente analizadas o periciadas en el marco de la investigación de María Elcira, lo cual genera serias dudas sobre el tratamiento de la evidencia.
Sigue la investigación en el caso de María Elcira
Frente a estas irregularidades, la experta plantea una serie de interrogantes que aún no tienen respuesta: “¿Hizo entrega la entonces administradora del fundo Las Tórtolas, Mónica Kleinert Hollub, las grabaciones por un período de 24 horas en el Acta N° 03?”, “¿Quién estaba a cargo de hacer la supuesta descarga de las grabaciones en Fiscalía?” y “¿Por qué Mónica Kleinert viaja fuera del país habiendo incumplido la entrega voluntaria de especies?”
Mansilla también cuestiona la falta de acción técnica por parte de la policía investigadora, al señalar que “en el caso de que la administradora del fundo Las Tórtolas hubiese dado una excusa técnica del porqué no le fue posible entregar las 24 horas de video de vigilancia requeridos, ¿por qué el personal de la Brigada de Investigación Criminal Limache no acude a solicitar la opinión técnica del personal del Laboratorio de Criminalística Central, que en sus áreas técnicas cuenta desde el año 2005 con las Secciones de Sonido y audiovisual, e Infoingeniería?”. Estas interrogantes reflejan el nivel de incertidumbre que aún rodea el caso de María Elcira.
