El presidente electo, José Antonio Kast, envió un directo mensaje a los funcionarios públicos que, desde su perspectiva, intenten asegurar su permanencia en el aparato estatal mediante nuevas regulaciones. A la salida de la Catedral Metropolitana, tras participar en la misa conmemorativa por los 100 años de la Coronación de la Virgen del Carmen, el futuro mandatario fue consultado sobre el reciente acuerdo alcanzado entre la administración de Gabriel Boric y los gremios del sector público.
Al ser interrogado sobre las medidas que buscan limitar las desvinculaciones en el Estado, la respuesta de José Antonio Kast fue tajante: “si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”. Esta declaración se da en un contexto donde el sector de derecha ha tildado de “amarre” la nueva normativa, vinculándola con las promesas de campaña del líder republicano de realizar una revisión profunda y eliminar a quienes calificó como “apitutados políticos” o “parásitos”.
La disposición en controversia establece que el cese de funciones de cualquier trabajador estatal, abarcando desde ministerios hasta municipalidades, no podrá ser arbitrario. Según el texto, la desvinculación “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables”. La norma enfatiza que ya no será suficiente apelar a la "necesidad del servicio" sin un respaldo fáctico y específico.
José Antonio Kast y los posibles despidos
Adicionalmente, el acuerdo otorga nuevas facultades de impugnación a los trabajadores con mayor antigüedad. La normativa indica que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad con ocasión de la no renovación de su designación, o su renovación en condiciones distintas”. Esto busca asegurar que cualquier cambio en la dotación de personal cuente con una justificación legal sólida frente a posibles reclamaciones.
La tensión entre el Gobierno saliente y el entrante de José Antonio Kast se agudiza con este marco regulatorio, que garantiza que los despidos deban ser acreditables y con bases objetivas. Mientras la actual administración defiende la protección de los empleos públicos contra la arbitrariedad, el presidente electo mantiene su postura de vigilancia sobre quienes, a su juicio, busquen perpetuarse en sus puestos antes del cambio de mando.
