En la tarde de ayer, la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputadas y Diputados, dio luz verde al proyecto que exige alcotest y narcotest periódicos y obligatorios a los conductores de microbuses urbanos, proyectos refundidos conocidos como Ley Alberto, debido al caso del estudiante del liceo Eduardo de la Barra, Mauro Alberto Gómez Estay, quien falleció producto de un chofer que manejaba bajo la influencia de las drogas.
Al respecto, el diputado Luis Cuello, autor de uno de los proyectos que se refundieron con la iniciativa del Gobierno, declaró: “Estamos muy satisfechos porque acabamos de aprobar en la Comisión de Transportes de la Cámara la Ley Alberto. Se ha establecido la obligación de la empresa de transporte público mayor de someter a controles de Narcotest y Alcotest a todos los conductores de una empresa cada cuatro meses, de forma tal de prevenir e impedir que se ejecuten estas conductas criminales que han costado la vida de personas”.
“No más muertes en el transporte público mayor. Ahora esperamos que este proyecto pase a sala lo antes posible para que sea ley de la República”, subrayó el parlamentario.
