El ministro de Seguridad Pública del Gobierno, Martín Arrau, informó que el Ejecutivo agilizará la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente mediante un paquete de indicaciones. El plan busca endurecer las sanciones contra los menores de edad que incurran en la delincuencia.
La propuesta central del Gobierno pretende que ciertos menores de edad puedan enfrentar la justicia penal bajo el marco regulatorio aplicado a la población adulta. Esta medida excepcional se activaría a petición del Ministerio Público y requeriría el visado del tribunal respectivo.
“Primero, habilitar a que los menores de edad de 14 años a 18 años puedan ser juzgados como adultos, si es que lo solicita el Fiscal y un juez así lo decide, en un catálogo de 17 delitos bastante amplio de los delitos más graves”, explicó Arrau. El ministro sumó que en estos casos se anulará el tope de 5 años de presidio para jóvenes de 14 y 15 años.
Nuevas medidas del Gobierno
El proyecto también estipula que los infractores no verán limpio su historial delictivo al cumplir los 18 años, perdiendo el beneficio de la irreprochable conducta previa. “Bueno, eso ya no va a estar disponible”, propuso Arrau, añadiendo que los reos que alcancen la mayoría de edad serán trasladados a cárceles de Gendarmería.
Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, descartó de manera tajante una disminución en la edad de inicio de la imputabilidad legal del país. “Creemos que la rebaja de la imputabilidad penal no es la vía en estos momentos para afrontar el problema“, sentenció el jefe de la cartera del Gobierno.
