Acusan posible vulneración al principio de probidad y al deber de abstención en el marco del proyecto de “Reconstrucción Nacional”, y solicitan un pronunciamiento del órgano contralor.
Durante la jornada, diputados y senadores de oposición presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre un eventual conflicto de interés, en el marco de la presentación del proyecto tributario ingresado por el Gobierno, luego de detectarse que diversos ministros habrían participado en la elaboración, defensa y promoción de una iniciativa que podría generarse beneficios económicos directos.
La presentación fue impulsada por los diputados Juan Santana (PS), Luis Cuello (PC), Daniel Manouchehri (PS), Gael Yeomans (FA), Jorge Brito (FA), Boris Barrera (PC), Carolina Cucumides (IND) e Irací Hassler (PC), junto a los senadores Daniel Núñez (PC) y Daniella Cicardini (PS), quienes suscriben el requerimiento.
La acción se funda en antecedentes contenidos en un oficio ingresado al organismo contralor, donde se advierte una posible infracción al principio de probidad establecido en la Constitución, así como al deber de abstención que rige a las autoridades en procedimientos administrativos, particularmente cuando existen intereses personales o patrimoniales involucrados.
En esa línea, el diputado Juan Santana sostuvo que “al parecer, la reconstrucción comienza por la billetera de los propios ministros, y eso es completamente inaceptable. Estamos hablando de 295 mil millones de pesos que potencialmente podrían terminar en manos de altas autoridades del gobierno, a partir de una reforma que ellos mismos impulsan. Por lo mismo, es indispensable transparentar esta situación, y que sea la Contraloría la que investigue, se pronuncie sobre este evidente conflicto de interés y determine los cursos de acción correspondientes. Porque cuando quienes diseñan una política pública son también sus beneficiarios, cuesta creer que se trate solo de una coincidencia”.
Por su parte, el diputado Luis Cuello, comentó que “nosotros ayer formulamos una reserva de constitucionalidad toda vez que este proyecto claramente infringe el artículo octavo de la Constitución al concurrir un conflicto de interés, afecta la probidad en el sentido que beneficia directamente y económicamente a los ministros.
Además, el diputado integrante de la comisión de Hacienda, Jorge Brito (FA) sostuvo que "el ministro Alvarado tiene que contribuir al entendimiento. El ministro Quiroz pone la firma a este proyecto que lo beneficia directamente. En consecuencia, está incumpliendo con un principio básico de la tramitación de leyes, y es que uno no puede impulsar leyes que te benefician. Hemos pedido que tengan la disposición de excluirse al propio ministro (Quiroz) que puso la firma y al gabinete, que se vería beneficiado, de los beneficios tributarios que se están proponiendo. Estamos hablando que son casi 300 mil millones de pesos”.
También, la diputada Irací Hassler comentó que “este proyecto de ley es perjudicial porque beneficia a los más ricos en desmedro de la mayoría de las familias chilenas. Además, creemos que es importante un pronunciamiento sobre posibles conflictos de interés respecto de las autoridades involucradas en su tramitación, que se verían directamente beneficiadas. Por lo mismo, vamos a utilizar todas las herramientas institucionales disponibles para asegurar una discusión transparente y resguardar la economía de las familias”.
