El abogado Juan Carlos Manríquez, representante legal de la diputada Karol Cariola, ha formulado graves denuncias contra el allanamiento realizado por la Fiscalía y la PDI a la parlamentaria, ocurrido poco después de que diera a luz a su primer hijo. El jurista calificó el procedimiento como un acto de violencia obstétrica y anunció que presentará un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la nulidad de la diligencia.
En declaraciones a Cooperativa, el abogado de Karol Cariola reveló que los efectivos policiales habrían justificado el allanamiento argumentando que la Fiscalía temía que Cariola eliminara evidencia desde su teléfono móvil. Esto se enmarca en una investigación por presunto tráfico de influencias. El abogado cuestionó la lógica detrás de esta decisión: “¿Usted cree que una mujer en una mesa quirúrgica, dando a luz, estaría transfiriendo informes o coordinando algo por su celular?”. Además, sostuvo que cualquier tribunal podría considerar este hecho como un caso de violencia obstétrica.
Sigue la polémica en el caso de Karol Cariola
El profesional también hizo referencia a tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres y los niños, señalando que estos prohíben expresamente la violencia obstétrica, no solo durante el parto, sino también en los momentos previos y posteriores. “Esto es muy grave”, enfatizó Manríquez, subrayando la gravedad de lo ocurrido y la violación de normativas que resguardan la dignidad de las personas en situaciones de vulnerabilidad.
Otro aspecto que generó alarma fue la posibilidad de que se filtren imágenes y videos íntimos del parto, los cuales se encontraban en el teléfono incautado al diputado Tomás de Rementería, pareja de Cariola. Según el abogado, Rementería fue advertido de que “si quería escándalo, lo iba a tener”, y su dispositivo contenía grabaciones de las 20 horas que duró el trabajo de parto. El abogado de Karol Cariola calificó esta situación como “vejatoria y humillante”, criticando la cultura de filtraciones en el país y advirtiendo que, de no tomarse medidas, el material podría difundirse públicamente.
Finalmente, el abogado insistió en la necesidad de anular el procedimiento para garantizar que no se produzcan filtraciones. “No tenemos ninguna seguridad de que esto no vaya a ocurrir”, afirmó, destacando la urgencia de proteger la privacidad de la diputada y su familia. La denuncia ha generado un amplio debate sobre los límites de las investigaciones judiciales y el respeto a los derechos fundamentales en contextos de especial vulnerabilidad.
