El Prefecto de Migraciones de la Policía de Investigaciones (PDI), Ernesto León, presentó ante el Senado un complejo balance sobre la crisis migratoria, confirmando la inviabilidad de ejecutar 6.000 órdenes de expulsión pendientes de venezolanos. Esta cifra representa un desafío directo para una de las promesas centrales de la campaña del Presidente José Antonio Kast, quien basó parte de su propuesta en la deportación efectiva de extranjeros con antecedentes delictivos o situación irregular.
La principal barrera para materializar estas medidas radica en el quiebre de los vínculos formales con el país caribeño, situación que se mantiene congelada desde junio de 2025. Según explicó el prefecto León, la ausencia de canales bilaterales impide avanzar en los procesos administrativos y logísticos básicos para la repatriación. "No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan", señaló la autoridad ante la Cámara Alta, evidenciando el estancamiento de los decretos judiciales.
Más allá de la voluntad política, el factor económico juega un rol determinante en la gestión del Ejecutivo. Se estima que en el país residen cerca de 300.000 migrantes en condición irregular, y cada proceso de expulsión individual supone una inversión estatal considerable. De acuerdo con las proyecciones técnicas entregadas, el costo de trasladar a un extranjero de regreso a su nación de origen asciende a aproximadamente $3 millones de pesos, lo que implica un presupuesto masivo para abordar la totalidad de los casos.
Problemas con expulsiones de venezolanos
La exposición en el Senado pone en perspectiva las dificultades para cumplir con la agenda de seguridad del mandatario en el corto plazo. La imposibilidad de identificar fehacientemente a los ciudadanos venezolanos debido a la falta de cooperación del consulado venezolano anula cualquier intento de deportación masiva. Esta realidad técnica choca con las expectativas generadas en la opinión pública sobre la salida inmediata de quienes han cometido ilícitos en territorio nacional.
Actualmente, las órdenes de salida del país se encuentran en un punto muerto, a la espera de que el panorama diplomático internacional sufra alguna modificación que permita retomar las conversaciones técnicas. Mientras tanto, el gobierno de José Antonio Kast deberá enfrentar el desafío de gestionar a la población irregular bajo estas limitaciones externas, considerando que, sin el reconocimiento y aceptación por parte de Venezuela, el retorno de estos 6.000 individuos venezolanos permanece suspendido indefinidamente.
