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Por José Albuccó, académico de la Universidad Católica Silva Henríquez
Los últimos hechos de la hacienda de la comuna de San Francisco de Mostazal, al norte de Rancagua, donde un conjunto estatuas y otros objetos patrimoniales fueron encontrados por la PDI, nos recuerda el robo de obras en el Club Alemán de Valparaíso y de la espada de Manuel Bulnes del Museo Histórico Nacional, ocurrido hace más de dos años. Ambas situaciones han puesto en entredicho la necesidad de resguardar los bienes culturales y/o patrimoniales del país.
Lo cierto es que este tipo de eventos han sido una constante en la historia, exacerbándose con los conflictos bélicos y el modelo desarrollo imperante en la sociedad, donde se apunta a «tener», no importando el costo ni el daño al otro y a la cultura.
El Estado, con sus representantes locales, es el principal responsable en generar estrategias para evitar el robo y tráfico, debiendo establecer las prioridades para mejorar la protección del patrimonio cultural de nuestro país. De lo contrario, ¿cómo se pueden explicar los traslados de esculturas de un peso apreciable, pasando desapercibidas para la autoridad?
La nueva institucionalidad cultural del país no sólo debe fomentar las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sino que también salvaguardarlas. De lo contrario, la nueva cartera será una estructura ministerial más, pero sin el alcance que tiene como misión.
Recordemos que la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales de la Unesco nació en noviembre de 1970, pero Chile suscribió a ella recién en abril de 2014, 44 años después.
El robo y tráfico ilícito de bienes culturales y/o patrimoniales es un delito que, por muchos años, en nuestro país no fue motivo de preocupación real por parte de las autoridades políticas. Sólo en la última década este tema alcanza realce, aumentando la colaboración interinstitucional al interior de organismos del Estado, incluyendo capacitación en la identificación de bienes patrimoniales, lo que ha facilitado el trabajo coordinado para la prevención, fiscalización e investigación de los delitos en contra del patrimonio cultural, como quedó demostrado en este caso.
Aún falta ampliar los recursos predestinados a la prevención de robos y tráfico, sobre todo en museos y lugares que contengan bienes patrimoniales. Además, se debe progresar aún más en el inventario a nivel nacional e internacional, junto con contar con información actualizada y en línea sobre los delitos y piezas robadas en el continente.
Las infracciones cometidas hacia nuestro patrimonio se deben, en gran medida, a un problema social, debido a que la educación ha sido incapaz de incorporar a todos los ciudadanos en la relevancia y el valor de los bienes culturales como parte de la memoria del país.
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