Denuncia en Contraloría.
El pasado 22 de febrero, la abogada Mónica Araya, realizó una denuncia en la Contraloría General de la República a Sebastián Piñera, a quien le atribuyó una «malversación de caudales públicos» en el contexto de su viaje por estos días en la ciudad de Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, hasta donde Piñera llegó para entregar lo que él ha llamado «ayuda humanitaria» para la población venezolana.
La jurista cita en su escrito el artículo 98 y siguientes de la Constitución chilena, en donde apunta «se consagra la función de control de la legalidad de la Administración y de la correcta inversión de los recursos», a partir de lo cual denuncia una «malversación de caudales públicos remitidos a Colombia por el presidente Sebastián Piñera para introducirlos clandestinamente en Venezuela».
Y es por esto, que la abogada califica la acción como una «mal llamada ayuda que dicho país no ha pedido ni acepta”, consignando que “las Naciones Unidas no han declarado una emergencia humanitaria en tal sentido».
«Es de manifiesta antijuridicidad infringir el deber de probidad pública empleando medios humanos y materiales de la Administración del Estado en actividades que contravienen o se alejan del interés público, como se infiere de los artículos 52 y 62 Nº4 de la Ley Nº18.575-DFL 1 / 19.653», se lee en el escrito.
Además, Araya sostiene en su escrito que es de conocimiento público que los artículos enviados desde Chile serían introducidos «por la fuerza» este sábado 23 de febrero, «sobrepasando las fronteras venezolanas con el desembozado objetivo de justificar una posterior injerencia militar en perjuicio de un país soberano».
En ese sentido, añade que «se emplean fondos públicos para agredir a un país hermano fuera del margen impuesto por la Constitución de conformidad con los artículos 6, 7, 24 y 32 de la misma».
Junto con ello, la jurista advierte que «el uso de recursos y potestades públicas, incluyendo el transporte por las Fuerzas Armadas, empleados por el presidente Piñera en el cometido anterior, resulta incomprensible en medio de una situación de emergencia por calamidad que sacude tanto al sur como al norte de Chile en el interior».
Adicionalmente, hace mención a la «tragedia» que vive paralelamente Haití, nación que no ha sido considerada por el Gobierno para destinar dicha «ayuda».
