En redes sociales ya surgieron sospechas por la medida y las opiniones están divididas.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, presentó una reforma para que las personas con antecedentes penales puedan trabajar en el Estado en cargos profesionales y técnicos.
Con este nuevo marco legal, las personas condenadas por delitos «simples» podrán trabajar en cargos públicos, contando con estudios profesionales y técnicos, tanto a nivel central como municipal.
«Como Estado, tenemos que dar el ejemplo», declaró el Ministro por el proyecto de ley que permitirá que las personas con antecedentes penales puedan trabajar en la Administración Pública.
«Creemos que es justo que también exista acceso laboral a la administración pública de las personas privadas de libertad. Queremos que todas las personas que quieran postular a cualquier nivel de la administración pública, centralizada o descentralizada, e incluida la municipal, pueda también trabajar y tener acceso a esa oportunidad laboral. No le podemos pedir al sector privado lo que el sector público no ofrece», señaló Larraín en un video publicado en la cuenta de Twitter del Ministerio.
