Luego que el gobierno pidiera la devolución del Bono Clase Media a quienes alteraron los datos para tener algo de ayuda en la crisis, pedirán un perdonazo total.
El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, valoró que el senador Francisco Huenchumilla (DC), con el apoyo y las firmas de los senadores Pedro Araya (Ind.), Alejandro Guillier (Ind.) y Juan Ignacio Latorre (RD), hayan acogido su proyecto de ley para otorgar amnistía a todas las personas que, sin cumplir los requisitos, hayan accedido al Bono Clase Media de 500 mil pesos en el contexto del COVID–19, tras cometer errores en la Declaración Jurada requerida para acceder al beneficio.
Al respecto, Mulet indicó que “agradecemos la acogida de los senadores a nuestra propuesta, pues al ser un proyecto que busca amnistía, no podía ser visto por la Cámara de Diputados, y era nuestro interés poder movilizar a algún senador para que lo tomara y lo llevara adelante, con el fin de que no se les persiga penalmente a las más de 470 mil personas que accedieron al bono de 500 mil pesos, por 2 razones fundamentalmente, porque es absolutamente difícil realizar esos juicios, es caro para el propio Estado; pero por sobre todo porque sabemos que es una situación que más bien obedece a razones equívocas donde hay situaciones que se deben valorar, que aquí no hubo dolo, sino que en la inmensa mayoría de la gente hubo error”.
Específicamente, el documento señala que las casi 474 mil personas que hayan accedido al beneficio sean liberadas de responsabilidad penal, dado que “se trató de un error común (…) debido a la desprolija elaboración de la política pública y su indebida difusión”, y agrega que lo anterior regirá “sin perjuicio de las restantes atribuciones de las autoridades, para solicitar la restitución de lo percibido indebidamente”.
En este sentido, Mulet aclaró que este proyecto, de aprobarse en el Congreso, “no le impide al Estado, recuperar el dinero, ya sea a través de la Tesorería, o del propio Servicio de Impuestos Internos que lo impulse, en las fórmulas tradicionales que hay para recuperar recursos cuando el Estado ha entregado recursos que no corresponden, como por ejemplo a través de las declaraciones de impuestos, pero siempre determinando muy bien las situaciones de error, que en este caso parece ser común”.
“Entonces, la amnistía no implica que las personas no deban pagar administrativamente y devolver administrativamente los recursos. Por eso es que creemos que es una buena situación para despejar la parte penal”, concluyó.
