Hace instantes, Sebastián Piñera, Presidente de la República, presentó este domingo 22 de noviembre un requerimiento que dio de qué hablar. El mismo es de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), por el proyecto del segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.
"El compromiso del Gobierno es y será proteger y ayudar a todas las familias afectadas por la pandemia del coronavirus y la recesión económica mundial. En el marco de nuestro orden constitucional, el miércoles pasado el Gobierno presentó al Congreso un Proyecto de Ley que permite un retiro único y extraordinario del 10% de los fondos de ahorro previsional, priorizando a quienes más lo necesitan", dice el escrito publicado.
Por su parte, también se informó que "este es un proyecto responsable que otorga un importante alivio a las personas que más lo necesitan, resguarda mejor las actuales y futuras pensiones". Además, indicaron que "no otorga beneficios tributarios injustificados a los sectores de más altos ingresos, permite la recuperación de los ahorros previsionales y, sobre todo, respeta nuestra Constitución y el Estado de Derecho".
"Las razones para ir al TC estarían relacionadas a que algunos parlamentarios están intentando escribir una Constitución paralela, a través de proyectos de reforma constitucional que introducen artículos transitorios, sin modificar la actual Constitución. Esta práctica es inconstitucional, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico y Estado de Derecho, y no respeta instituciones fundamentales de nuestro orden Constitucional, como la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto público, seguridad social e impuestos", añadieron.
Como si eso fuera poco, agregaron que "para evitar esta mala práctica, el Gobierno ingresó hoy al Tribunal Constitucional un requerimiento para que declare inconstitucional el Proyecto presentado por un grupo de diputados, respecto a un nuevo retiro de fondos previsionales".
A su vez, el documento presentado por el ejecutivo resalta que "el Proyecto antes mencionado no solo es inconstitucional. También genera un grave daño a las pensiones presentes y futuras de todos los chilenos y beneficia con injustificadas exenciones tributarias a las personas de más altos ingresos, lo que atenta contra la equidad y la Justicia Social".
"Las autoridades de nuestro país, al asumir sus cargos, juraron o prometieron respetar nuestra Constitución y nuestras leyes. El Gobierno cumple con este compromiso a través de este requerimiento al Tribunal Constitucional, que busca proteger nuestro orden constitucional y Estado de Derecho. Los chilenos votamos en el plebiscito del 25 de octubre, libre y democráticamente, un camino hacia una Nueva Constitución. Durante este camino todos debemos respetar y hacer respetar la Constitución y el Estado de Derecho y la decisión libre y democrática adoptada por una inmensa mayoría de chilenos", concluye.
