Fue interpuesta por los parlamentarios de Chile Vamos por el denominado caso «Luminarias Led».
La carrera política del comunista Daniel Jadue está en serio peligro tras desclasificarse antecedentes de la adjudicación de las licitaciones de las luminarias led en Recoleta. En el marco de la investigación, los jefes de bancada de RN, Sebastián Torrealba, y de Evopoli, Luciano Cruz-Coke, junto al diputado Jorge Alessandri (UDI) presentaron ante el 3° Juzgado de Garantía de Santiago una querella por cohecho y soborno contra el edil.
La querella también va contra el ex abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, y del gerente general de Itelecom, León Lefort, por la eventual relación entre los 50 millones donados por dicha empresa al municipio capitalino para realizar el festival de música Womad, y la licitación de luminarias para la comuna, que finalmente se adjudicó la compañía.
El sociólogo de profesión se encuentra imputado por el delito de cohecho, además está siendo investigado por aportes ilegales obtenidos a través de boletas de honorarios falsas en junio del 2018, pagadas a su asesor jurídico por Itelecom.
Los legisladores ahora solicitan al Ministerio Público «una orden de investigar amplia a la Policía de Investigaciones a objeto de esclarecer los hechos», además de que los tres sindicados en la querella sean citados a declarar en calidad de imputados, ya que el vínculo descrito «sería constitutivo del delito de cohecho».
Todo esto se fundamenta por en una escucha telefónica interceptada, en la que Sepúlveda propuso a Lefort un mecanismo de uso de boletas falsas para supuestamente ocultar aportes de la empresa.
La defensa de Jadue es que, al quedar sin financiamiento estatal para levantar el festival Womad, le sugirió a su abogado «‘preguntar al gerente de Itelecom, que tú lo conoces -yo no lo conocía-, si está disponible para hacer una donación a la comuna por ley de donaciones culturales’. Y él hace el nexo. Es todo lo que hay en términos de la relación a través de Ramón con Itelecom».
Los diputados de Chile Vamos expresan que «por el monto excesivo pagado por las luminarias, es posible advertir la posibilidad de que exista un fraude al Fisco, algo que también deberá ser investigado».
Ahora se agregó un nuevo antecedente, en razón de que «resulta a lo menos sospechoso que un abogado que dice prestar servicios para un alcalde de una comuna afectada por la destrucción de luminarias y para una empresa que se dedica a reponerlas, participe además en la defensa de personas que se encuentran presuntamente vinculadas a la destrucción de luminarias e infraestructura pública».
