La Convención Constitucional suma otra polémica más.
El comunicador Tomás González, difundió información sobre el dueño de la productora encargado de la Convención Constitucional. Siendo así, averiguó y recalcó que el pago de $450.000.000 que realizó la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) a la empresa Street Machine Corp. Todo eso, intentando que se encargara de la producción de la primera sesión de CC.
La misma debía llevarse a cabo este martes 5 de julio, pero finalmente se suspendió y no pudo realizarse. Ante eso, las críticas no tardaron en aparecer, sabiendo que Street Machine fue contratada el 2 de julio pasado. Siendo así, eso fue sólo dos días antes de la inauguración de la Convención Constitucional de este domingo.
En ese sentido, se viralizó que esta empresa pertenece a Paul Morrison, hijo de María Angélica Cristi, ex parlamentaria de la UDI, detenido en 2007 en un operativo de la policía en Pucón por tráfico de drogas. A este se le incautó su automóvil con 40 gramos de marihuana, dos dosis y media de éxtasis, y cuatro de hachís. Ante lo mencionado, debió pasar 60 días detenido, siendo absuelto por «falta de pruebas».
Por otra parte, también comunicaron que Street Machine es la empresa contratada por la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, para la compra de una «casa de jengibre» y una proyección audiovisual en la víspera de la Navidad de 2016. En ese momento, fue un gasto de $44 millones. Sin dudas, esto ha llamado la atención en la Convención Constitucional.
