El Gobierno busca que los militares participen combatiendo «la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo». Mientras la Contraloría rechazó esta medida porque en esas funciones solo deben estar a cargo Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
Este viernes, el Gobierno anunció que está evaluando recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para revertir el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), el cual determinó como ilegal la presencia de las Fuerzas Armadas en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.
El coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, señaló que «estamos analizando y evaluando todas y cada una de las acciones posibles, incluidos los medios de impugnación, donde está también disponible el Tribunal Constitucional, como lo contempla el artículo 93 N°3 de la Constitución, para impugnar la decisión de Contraloría».
La Contraloría rechazó el decreto que buscaba que militares participaran de la «prevención del porte, tenencia y tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo».
Y es que el dictamen del organismo indica que las funciones que buscan incorporar a las FF.AA. «están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones», según la actual Constitución.
Ante aquello, Urquízar aseguró que la política del gobierno es «similar a la que existe hoy en el norte, es para colaborar contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico».
«Cuál es la razón de esta diferencia. Por qué en el norte sí y en el sur no, cuando en el sur, y todos lo sabemos, hay terrorismo, crimen organizado, narcotráfico que está afectando diariamente a familias mapuche y no mapuche», sostuvo.