Nuevamente La Red quedó en boca de todos por una gigantesca polémica.
La Red está una vez más en una situación complicada, ya que procesaron al dueño de la misma por «estafa» en estas horas. Siendo de esa forma, uno de los empresarios televisivos de América que tiene una gran cantidad de estaciones, Remigio González González, quedó apuntado de mala manera por hechos que no serían fáciles para salir.
Reconocido como El Fantasma, el propietario de una gran variedad de señales en América Latina, a través de Albavisión, sitio en el que también está La Red, ahora está en la mira. Fue la jueza María Servini la que lo procesó gracias a la querella de su ex abogado, Carlos Lorefice Lynch. Según La Nación, este mismo informó que Remigio «desplegó una maniobra para desapoderarlo de bienes que le pertenecían y de su administración».
El medio dictado indicó que «en septiembre de 2007 adquirió a Televideo Services Inc el 5% de sus participaciones en Grupo Belleville Holding y González González intervino en esa operación en representación de Televideo. Más adelante compró un 60% más de esas acciones, de manera tal que resultó ser propietario del 65% del paquete accionario de Grupo Belleville Holding».
«Por ambas operaciones Lorefice Lynch acordó pagar a Televideo Services Incv. US$ 16.000.000 y una deuda que la compañía tenía de 4 millones de dólares». Pero luego de esto, el dueño de La Red se habría presentado ante las autoridades del Estado de Delaware EE.UU., para obtener un certificado y así «desplazar a Lorefice Lynch de su participación» en el grupo dueño del canal.
Duras acusaciones contra el dueño de La Red
«Las partes objetivamente acordaron una transferencia falsa en la cual Lorefice Lynch era el titular del 65% en apariencia solamente para el beneficio de Televideo, Gonzalez Gonzalez no está obligado a cumplir con los documentos que nombran a Lynch como propietario del 65% de Belleville», expuso el juez de Delaware en su fallo, sobre lo sucedido con el propietario de La Red.
A su vez, la jueza María Servini reconoció que «nos encontraríamos ante una maniobra defraudatoria. Se habría utilizado la jurisdicción extranjera para que, a la luz de su derecho, se emitiera un acto jurídico que violenta las reglas nacionales en materia de transferencia de activos y en perjuicio de los derechos patrimoniales».
