«¿Este racionamiento es para todos y todas? ¿Acaso las empresas paralizarán su funcionamiento por esta medida?», cuestionó la vocera nacional de la organización, Manuela Royo.
El Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (MODATIMA) criticó el plan de racionamiento de agua en la Región Metropolitana, anunciado por el gobernador Claudio Orrego, junto a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), la Onemi y Aguas Andinas.
Recordemos que la medida busca enfrentar el crítico escenario de escasez hídrica que vive la región restringiendo el agua a sus habitantes.
Sin embargo, la organización rechazó esta iniciativa por proteger las responsabilidades que tienen grandes industrias en esta crisis, por lo que se manifestaron al respecto a través de un comunicado.
«Las actividades vinculadas al extractivismo y esquema primario exportador han provocado un escenario de sobreexplotación del agua. El modelo no solo es atenuante sino que promotor del estrés hídrico de nuestras cuencas. Es sequía y es saqueo», indica la declaración.
Agregando que, al no cambiar el modelo de gestión de agua, este tipo de medidas «solo traerá más sobreexplotación de las cuencas, sobredemanda de agua y la injusta distribución de las aguas».
«Peligrosa y apresurada la decisión»
Para la vocera nacional de Modatima, Manuela Royo, el plan anunciado por Orrego «protege la responsabilidad que tiene el gran empresariado en la crisis hídrica y restringe el consumo a las personas».
«Frente a eso la pregunta que surge entonces es ¿este racionamiento es para todos y todas? ¿acaso las empresas paralizarán su funcionamiento por esta medida?«, cuestionó.
Mientras la también vocera de Modatima y convencional constituyente, Carolina Vilches, afirmó que es «peligrosa y apresurada la decisión que ha tomado la gobernación de Santiago».
«La dieta del agua de las personas no es la solución, porque no es la causa del problema, sino que más bien, la mala gestión de las empresas sanitarias que continúan lucrando», sostuvo.
El movimiento propone que la solución es establecer un estado social garante de derechos que permita garantizar el derecho humano al agua y su saneamiento, lo cual debe quedar asegurado en la nueva Carta Magna.
