Un reportaje ha revelado una inédita modalidad de negocio ilícito al interior del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel, donde varias reclusas están generando ingresos mediante la venta de contenido erótico a través de internet. Una de ellas es Alejandra (seudónimo), una joven de 23 años que utilizaba la plataforma Arsmate para comercializar fotografías y videos íntimos, con precios que alcanzaban hasta los $15.000 por imagen.
La operación de venta se concretaba a través de un mecanismo irregular: según el reportaje de T13, la interna realizaba los envíos utilizando un teléfono celular que arrendaba al interior del penal de San Miguel. La reclusa incluso detallaba el procedimiento a sus clientes en mensajes de audio, como se escucha en uno de los registros: “Pido el celular y le dedico toda esa horita para ti”, aseguraba a uno de sus compradores.
Los chats revelados por el noticiero ofrecieron detalles sobre la oferta de Alejandra. En uno de los mensajes, la joven escribía: “Puedo enviarte varias fotos y videos por aquí, por 15 mil pesos. Sacándome la ropa, todo bien rico”. En cuanto al método de pago, la investigación determinó que el dinero por los contenidos eróticos era depositado en cuentas bancarias de terceros, ya que las internas tienen prohibido recibir transferencias directamente.
Polémica total en el penal de San Miguel
Al ser consultada sobre el destino de los ingresos, la propia imputada reveló la necesidad de financiamiento dentro del penal. Alejandra explicó que parte del dinero era destinado al arriendo del teléfono con el que operaba el negocio y, el resto, para cubrir "gastos cotidianos" en la cárcel. “Aquí todo es plata”, señaló en uno de los registros, confirmando la existencia de una extendida economía informal entre las reclusas del centro penitenciario.
Tras tomar conocimiento de los antecedentes, Gendarmería de Chile reaccionó de inmediato y procedió a allanar la celda de la interna de San Miguel. El operativo culminó con la incautación de 39 teléfonos celulares y otros elementos prohibidos. Desde la institución recordaron la ilegalidad de la actividad: “El porte de teléfonos celulares dentro de las unidades penales es delito”, recalcaron, cerrando el acceso al lucrativo negocio de la reclusa.
