Una sociedad ligada al propietario del programa “Sin Filtros” habría recibido cerca de 300 millones de pesos por servicios prestados a las campañas políticas de dos de sus panelistas más reconocidos: Francisco Orrego e Iván Poduje. Según una investigación de Ciper, la empresa Scylla Inc SpA, propiedad de Gastón Calcagno, cobró $261 millones por colaborar en la campaña de Orrego y $30 millones por la de Poduje, ambos candidatos en las elecciones pasadas.
El vínculo entre Calcagno y el programa genera cuestionamientos, ya que Scylla Inc SpA también está relacionada con la productora Mediapro Max SpA, encargada de realizar “Sin Filtros”. Orrego, exaspirante a gobernador metropolitano, y Poduje, excandidato independiente a la alcaldía de Viña del Mar, solicitaron posteriormente reembolsos al Servicio Electoral (Servel) para cubrir parte de sus gastos de campaña. En el caso de Orrego, de los $364,5 millones que pidió, $176 millones estaban destinados a pagar a la empresa de Calcagno.
La situación se complica por un dato adicional: Pancho Orrego, además de ser cliente de Scylla Inc, recibe un pago por su participación como panelista en “Sin Filtros”. Esto ha generado cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés, dado que los fondos públicos reembolsados por Servel terminaron en una empresa vinculada a su empleador. No obstante, Calcagno desestimó cualquier irregularidad, argumentando que tanto Scylla Inc como Mediapro Max SpA son entidades independientes con objetivos y equipos separados desde principios de 2024.
"Sin Filtros", en la mira
Consultado sobre la elección de Scylla Inc para su campaña, Orrego defendió su decisión. “Es evidente que trabajé con ellos por la cercanía y confianza que me brindaban. Su experiencia en producción y comunicaciones fue clave para llevar adelante mi campaña”, explicó. Por su parte, Iván Poduje no se ha referido públicamente al tema.
Este caso plantea interrogantes sobre los límites éticos en las relaciones comerciales y profesionales dentro de los programas de debate político. Mientras algunos ven una falta de transparencia, los involucrados insisten en que todo se ajustó a la normativa vigente. La discusión, sin embargo, sigue abierta.
